Es uno de los delitos que más preocupan al ciudadano común, sobre todo a las mujeres, por la violencia que conllevan y las secuelas que sufren las víctimas. Desde principios de año, la Policía detuvo más de 200 arrebatadores, pero menos del 40% está detenido. A pesar de que con la reforma del Código Procesal Penal se puede dictar prisión preventiva contra quienes perpetren este tipo de delitos, la mayoría recupera su libertad.
Según un informe estadístico oficial al que accedió LA GACETA, hasta el 30 de setiembre se arrestaron en el ámbito del Gran San Miguel de Tucumán a 199 arrebatadores. De ellos, actualmente sólo quedan 72 detenidos, mientras los restantes 127 fueron puestos en libertad. El informe, confeccionado sobre las causas ingresadas en cada una de las fiscalías, señala que en esos nueves meses, la Policía arrestó 109 hombres mayores de edad y 77 menores. También fueron arrestadas cinco mujeres mayores y ocho menores. En todos los casos se trató de arrebatos o de motoarrebatos y se los descubrió en flagrancia, o sea, luego de perpetrado el robo y aún con las pertenencias de las víctimas en su poder.
El nuevo artículo 281 del Código Procesal Penal, modificado en diciembre de 2007, trata las circunstancias para el dictado de la prisión preventiva de un imputado. Los jueces tienen la posibilidad de dictar la prisión preventiva para el sospechoso en caso de que se trate de delitos de acción pública y no haya vigente una condena de ejecución condicional. Lo mismo para casos donde se le imputa al acusado un delito ya cometido; cuando utiliza para delinquir a menores; cuando el imputado es detenido por la Policía en flagrancia de robo o hurto; o cuando se trate de delito de portación ilegal de armas.
El fiscal que más trabajó con este tipo de casos es Alejandro Noguera. Durante sus turnos se detuvieron 35 arrebatadores. Sólo siete quedan detenidos. El que menos casos investigó es Carlos Albaca: 11. De ellos, cinco permanecen arrestados.
La visión de los abogados
Algunos abogados rechazan esta nueva versión. “La modificación es inconstitucional, ya que vulnera el derecho de libertad y del debido proceso legal. Tampoco hay que olvidar la escasa pena con que son penados estos delitos, lo que hace que sean excarcelables”, coincidieron los letrados Ulises Véliz y Luis Villagra Buabud. Según la abogada Aurora Díaz Argañaraz “nuestro Código es de corte netamente garantista, por eso estas reformas atentan contra este principio”. “Los fiscales piden prisiones preventivas basándose en los antecedentes, y algunos jueces de instrucción las están dictando, pero debería priorizarse el principio de inocencia, según el cual el sospechado debe permanecer en libertad mientras dure el proceso”, agregó. Sin embargo, Díaz Argañaraz admitió que, por lo general, quienes están acusados de este tipo de delitos no recuperan la libertad rápidamente. María Angélica Arraigada tiene otro punto de vista. “Estoy de acuerdo con que cuando haya flagrante delito corresponda la prisión preventiva. Pero no se deben violentar las garantías, porque esto sería anticonstitucional. Debe haber un derecho garantista, pero en delitos en flagrancia no”, opinó. “El Código es una concatenación de ideas en un cuerpo integral. Pero, para facilitar la investigación, y si se está descubriendo un sospechoso en flagrante delito, se debe dictar prisión preventiva, porque se entiende que esta persona es peligrosa para la sociedad”, opinó. El abogado Alejandro Diéguez aseguró que, según su información, los fiscales sí están pidiendo prisión preventiva contra los arrebatadores. “Lo que pasa es que los jueces generalmente no la dictan, salvo que el acusado tenga antecedentes. Esto sucede porque no tienen dónde alojar a los sospechosos; no se pueden quedar en las comisarías, y en los penales no hay lugar”, advirtió. “Esto se veía que iba a pasar desde que hicieron las reformas. Los que trabajaron en estos cambios intentaron tapar el sol con un dedo; desconocen lo que es derecho penal. No es una solución mediata para la cuestión. Debe haber una reforma íntegra, no sólo del código, sino también de las instituciones”, dijo.
Según cifras oficiales casi el 30% de los detenidos es reincidente, lo que significa que ya habían sido arrestados por un delito similar. Carmen Ledesma, a quien hace 10 días arrastraron casi cinco metros durante un arrebato en Villa Luján fue terminante. “Me podrían haber matado. Lo único que ahora espero es que si estos tipos atacan a una mujer sean detenidos, y estén mucho tiempo en la cárcel”. Según las estadísticas, hay pocas posibilidades de que se cumpla su deseo.
Números clave
199 detenciones por arrebatos se concretaron hasta setiembre.
72 sospechosos quedaron alojados en comisarías o en la cárcel.
125 fueron liberados por orden de la Justicia.
2 están gozando de un permiso especial en libertad.
85 de los acusados que fueron arrestados eran menores.
