El Estado como empresa y la República fundida

Si el Estado fuera una empresa, los funcionarios del Poder Ejecutivo serían sus directores. Los accionistas serían los ciudadanos, porque es del pueblo la plata que el Gobierno administra. Los representantes de los accionistas serían los legisladores. Y el Tribunal de Cuentas vendría a cumplir el papel de síndico. Es decir, aquel que informa a los representantes de los accionistas sobre lo que ha visto en materia del manejo de los recursos. La información que brinda es, sin más, la cuenta de inversión.
En esa escala, que el Tribunal de Cuentas no haya consignado información del ejercicio presupuestario de la administración pública centralizada equivale a que el síndico se haya olvidado de informar sobre la situación de la casa central. Sobre la Casa de Gobierno y sus ministerios y secretarías y direcciones.
El olvido del organismo de contralor, además, ocurre en la cuenta de inversión de 2007. O sea, el desliz ocurre en el informe sobre el manejo de los fondos públicos durante el año en que el alperovichismo, tan acusado y sospechado de apelar a prácticas clientelistas para comprar voluntades con fondos públicos, enfrentó tres comicios. Fueron las internas peronistas del 1 de abril, la elección general tucumana del 26 de agosto, y las nacionales del 28 de octubre.
En ese contexto, que en el Tribunal de Cuentas notaran por una advertencia de LA GACETA que habían omitido informar sobre la manera en que manejaron el erario los responsables de la administración central (esos que consiguieron la propia reelección) dista de ser anecdótico para convertirse en una situación en extremo delicada.
De la misma manera, que en la rectificación vayan a dedicarle al asunto sólo un par de renglones con la insondable afirmación de que la ejecución ha sido “razonable”, no se traduce en un inestimable aporte a la calidad institucional.
Una pregunta surge, alarmante: ¿y si nadie hubiese advertido que faltaba lo que efectivamente falta?
Una cuenta de inversión que no dice cómo manejó la administración central la plata del pueblo es, con mucha buena voluntad, una verdad a medias sobre el uso de los fondos públicos. Y el Estado tiene, en esa materia, una larga lista de mentiras completas hechas con medias verdades.
Ahora, el informe está en manos de los representantes de los accionistas. En ese punto, la cuenta de inversión es un hito republicano: es el informe que le dice a la Cámara de qué manera el Ejecutivo gastó el Presupuesto que ella aprobó. Es el momento en que un poder, de verdad, puede controlar a otro. Sin embargo, la Cámara recibió medio detalle. ¿Va a hacer algo o ignorará esta cuenta de inversión como lo hizo con las anteriores, cuando llegaban completas y con objeciones?
Si la discusión no llega al recinto, la empresa que es el Estado tendrá un síndico que omite información para los representantes de los accionistas, a los cuales esa situación no les importa porque ellos responden a los directores, a quienes el olvido les resulta conveniente.
Si ese es el caso, la República ya está fundida.