De la extrema liberalización a la regulación

BUENOS AIRES.- Una serie de medidas que tomó el gobierno nacional recientemente abandonan la extrema liberalización y se van hacia la extrema regulación. Es que se intenta restablecer controles o establecer algunos nuevos para frenar la evasión fiscal.
Se presentaban muchos problemas para determinar el verdadero domicilio fiscal del contribuyente. Esto, muchas veces, facilitaba la realización de maniobras en virtud de las cuales determinadas personas o empresas cometían un fraude fiscal y en seguida desaparecían del domicilio que habían declarado ante la agencia de la AFIP de la zona.
Esto, claro, imposibilitaba las inspecciones. Por eso la AFIP había tomado medidas drásticas para determinar de oficio el domicilio fiscal del contribuyente, en caso de que este no hubiera declarado el suyo ante el organismo de contralor o que hiciera constar uno que después de la inspección se probaba que era inexistente.
La dificultad en verificar el verdadero domicilio donde se realizan las actividades económicas gravables se había convertido en la principal fuente de evasión y de elusión fiscal a la que ahora se pretende poner coto.
Las maniobras de las fábricas de facturas truchas se sustentaban en la utilización de domicilios inexistentes y cambiantes en forma permanente, lo que imposibilitaba las respectivas inspecciones de la AFIP.
Ahora, con el domicilio fiscal de oficio esos truchajes no es que se imposibilitan, pero sí se dificultan ostensiblemente.

Más obligaciones
En el aspecto del comercio exterior, el Poder Ejecutivo acaba de restablecer una extensa serie de obligaciones que deberán cumplir los exportadores e importadores para poder inscribirse o mantener la inscripción sin ser dados de baja, en el Registro de Importadores y Exportadores creado en la Dirección Nacional de Aduanas.
Esas obligaciones, que atienden particularmente al cumplimiento de todo el espectro impositivo y previsional (no haber sido declarado culpable en algún juicio por evasión o ser condenado a penas de prisión física) así como a la constitución de garantías, habían sido eliminadas en 1991.
En ese año se dictó el recordado decreto ómnibus de desregulación económica, que fijó como único requisito el inscribirse en la AFIP con un número de CUIT, es decir, se simplificaba al máximo los trámites para el comercio exterior.
El actual Poder Ejecutivo provoca ahora un cambio de 180 grados respecto de la administración de aquella época y considera que esas facilidades solamente sirvieron como vehículo para la evasión.Ahora se va a un criterio totalmente opuesto, en el que se extreman las normas y faculta al director de Aduanas para que, por una simple resolución, dé de baja al exportador o importador que no cumpla la normativa vigente. El empresario, por ese hecho, se verá privado de operar en comercio exterior hasta tanto normalice su situación.

El justo medio
Se trata de un nuevo marco que dará lugar a un sinnúmero de cuadros conflictivos hasta tanto se encuentre el justo medio entre la extrema liberalización y la extrema regulación.
Y, para completar este panorama, también hace varios meses se dispuso que quienes no estén al día con sus impuestos y obligaciones previsionales no podrán solicitar estímulos de exportación, tales como aumento de reintegros y créditos de bancos oficiales de comercio exterior.