Avanzan las tratativas para lograr que sea filmado el primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos de Tucumán durante la dictadura militar, que comenzará el 5 de agosto. En él se determinará la responsabilidad de Antonio Bussi y de Luciano Benjamín Menéndez por el secuestro y muerte del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, hechos ocurridos en 1976.
El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Carlos Jiménez Montilla, formalizará un acuerdo con las autoridades de la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). La filmación de las audiencias públicas persigue una doble finalidad.
En primer lugar se pretende que, por su valor histórico, los registros sirvan en el futuro como archivo de imágenes que pueda ser consultado. En segundo lugar, será una resguardo de naturaleza procesal ante la eventualidad de que la sentencia sea recurrida por las partes (la acusación o las defensas). Lo que no se hará es televisar el juicio para que pueda ser seguido simultáneamente por la ciudadanía.
Si bien los periodistas, como los ciudadanos en general, podrán asistir a la sala donde se desarrollarán las audiencias según un cronograma que será fijado, los vocales del Tribunal Oral barajan otra alternativa. Dadas las expectativas provincial, nacional y hasta internacional que genera este juicio, analizan la posibilidad de habilitar una sala en las proximidades del edificio ubicado en Crisóstomo Alvarez y Chacabuco. Esto permitiría que los hombres de prensa, por medio de un circuito cerrado, pudieran seguir las alternativas en un espacio equipado con televisores.
Esto suele hacerse, por ejemplo, en el Palacio de Tribunales de la Capital Federal cuando se lleva adelante un proceso de destitución contra algún magistrado. Quienes no ingresan a la sala donde actúa el Jurado de Enjuiciamiento pueden prestar atención al desarrollo de las audiencias públicas por medio de los televisores colocados en el patio interior del edificio.
Durante las audiencias darán su testimonio entre 25 y 30 testigos. En el Tribunal Oral trabajan en la elaboración del cronograma para que aquellos puedan deponer.
El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Carlos Jiménez Montilla, formalizará un acuerdo con las autoridades de la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). La filmación de las audiencias públicas persigue una doble finalidad.
En primer lugar se pretende que, por su valor histórico, los registros sirvan en el futuro como archivo de imágenes que pueda ser consultado. En segundo lugar, será una resguardo de naturaleza procesal ante la eventualidad de que la sentencia sea recurrida por las partes (la acusación o las defensas). Lo que no se hará es televisar el juicio para que pueda ser seguido simultáneamente por la ciudadanía.
Si bien los periodistas, como los ciudadanos en general, podrán asistir a la sala donde se desarrollarán las audiencias según un cronograma que será fijado, los vocales del Tribunal Oral barajan otra alternativa. Dadas las expectativas provincial, nacional y hasta internacional que genera este juicio, analizan la posibilidad de habilitar una sala en las proximidades del edificio ubicado en Crisóstomo Alvarez y Chacabuco. Esto permitiría que los hombres de prensa, por medio de un circuito cerrado, pudieran seguir las alternativas en un espacio equipado con televisores.
Esto suele hacerse, por ejemplo, en el Palacio de Tribunales de la Capital Federal cuando se lleva adelante un proceso de destitución contra algún magistrado. Quienes no ingresan a la sala donde actúa el Jurado de Enjuiciamiento pueden prestar atención al desarrollo de las audiencias públicas por medio de los televisores colocados en el patio interior del edificio.
Durante las audiencias darán su testimonio entre 25 y 30 testigos. En el Tribunal Oral trabajan en la elaboración del cronograma para que aquellos puedan deponer.







