La Capital apeló el fallo que frena una licitación

La licitación para el mantenimiento del alumbrado público volvió a frenarse en el terreno judicial, donde se investigan las denuncias realizadas por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) tucumana.El proceso licitatorio que abrió el intendente de la capital, Domingo Amaya, con un presupuesto de alrededor de $ 15 millones, está en la mira de la Justicia desde mayo, cuando la firma CESA SA denunció que la intendencia actuó con favoritismo hacia uno de los oferentes.
La comisión de preadjudicación, que encabeza el secretario de Obras Públicas, Fernando Insaurralde, había aconsejado que se adjudique la licitación a la empresa Lesko, oriunda de Buenos Aires. Sin embargo, la UTE tucumana recurrió a la Justicia porque se desechó su participación y ni siquiera se abrió el sobre con su oferta económica. Con el patrocinio de la abogada Lidia Martorell, planteó una medida de no innovar para impedir que se adjudique la licitación. Sin embargo, Amaya firmó un decreto de adjudicación.
Ante la demanda judicial, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativa le hizo lugar al pedido de la UTE CESA y el proceso se paralizó por 10 días hábiles, hasta tanto revisara todo el expediente de la licitación.
Esa resolución fue firmada por el vocal y presidente de la Sala II, Carlos Giovanniello, el 13 de mayo, cuando ordenó al municipio que considere la oferta de la UTE tucumana. Posteriormente, la Intendencia, a través del fiscal municipal, José Colombres, presentó una revocatoria de la cautelar y remitió el expediente a los tribunales.
El municipio también presentó una recusación con causa contra Giovanniello, lo que provocó una nueva prórroga de los plazos de suspensión de ejecutoriedad del decreto de Amaya por la adjudicación en favor de Lesko.
El proceso licitatorio comenzó en diciembre de 2007, pero todavía no pudo concluir, a raíz de los cuestionamientos en sede judicial. La convocatoria se inició a fines de 2007; luego, el 9 de enero, se abrieron los sobres de los oferentes con la oferta técnica, y tres meses después, el 18 de abril, se conocieron las ofertas económicas, sin que se haya tenido en cuenta la propuesta de la UTE CESA.
Ahora, la letrada Martorell aseguró que hubo un lobby empresarial, que -según dijo- surge del expediente administrativo. "Las pólizas de seguro de la garantía de los otros tres oferentes (Lesko, Mantelectric y Sutec) fueron realizadas ante la misma compañía aseguradora y, peor aún, tienen números correlativos, como si hubiesen ido de la mano a efectuar ese trámite", puntualizó.
La letrada precisó que esas empresas pactaron con Allianz Argentina Compañía de Seguros SA y detalló que las pólizas son: 080240010708 para Lesko, 080240010709 para Sutec y 080240010710 para Mantelectric. Además, denunció falsificación de firmas por parte de la empresa Lesko, a la que el municipio declaró ganadora de la licitación.