Desde la última década del siglo pasado, después de la finalización de la Guerra Fría y de la declinación del orden bipolar, se modificaron tanto el fenómeno de la guerra como los aparatos retóricos de su justificación. Sus nuevas modalidades deben interpretarse como surgidas en el marco de los procesos de transformación económico-financiera, informática, política y jurídica que se conocen con el nombre de globalización.
Según el jurista Danilo Zolo, la guerra global no es una guerra entre Estados que se disputan espacios territoriales definidos o recursos localizados. Ella se combate para decidir quién asumirá las funciones de liderazgo dentro del sistema mundial de las relaciones internacionales y quién tendrá el poder de darles forma a los procesos de distribución de los recursos.(1)
El objetivo que se persigue con la fuerza de las armas es, además, la estabilidad del orden mundial, en un contexto de creciente interdependencia de los factores internacionales y de elevada vulnerabilidad de los países industrializados. Se trata, en síntesis, de garantizar el desarrollo de los procesos de globalización pese a la manifiesta asimetría política y económica en las relaciones internacionales.
Pero la nueva guerra es global también en un sentido simbólico, sobre todo a raíz de la sistemática invocación a valores universales que realizan las potencias occidentales que la promueven. No se trata ya de justificar la guerra en nombre de intereses u objetivos particulares, sino de legitimizarla desde un punto de vista superior e imparcial, fundado en principios que se consideran compartidos por toda la humanidad.
¿Guerra por la paz?
La concepción de que resulta legítimo recurrir a la guerra para salvaguardar la paz, la democracia y los derechos humanos viene permeando en la conciencia colectiva desde hace algún tiempo. Tanto es así, que bajo la forma de las llamadas “intervenciones humanitarias” se la presenta como medio indispensable para lograr tan cara finalidad. Esa modalidad bélica tiene su origen en los documentos elaborados por las máximas autoridades políticas y militares de Estados Unidos a partir del final de los años 80 del siglo pasado.
Para entonces, el mundo dejaba de estar dividido por las barreras ideológicas y militares de la Guerra Fría, lo que no les impidió considerar que, lejos de desaparecer, las amenazas contra la paz se habían diversificado. De allí su postulado de que la seguridad global requiere de nuevas modalidades de ejercicio por parte del poder internacional, así como estrategias defensivas radicalmente novedosas, adecuadas a la escala mundial del problema. De este modo, las grandes potencias responsables del orden mundial dieron por superado el antiguo principio westfaliano de no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
A partir de entonces, ellas ejercitaron y legitimaron un derecho-deber de injerencia humanitaria en los casos en que fuese necesario intervenir con la fuerza para resolver crisis internas de un Estado. Particularmente, para prevenir o reprimir graves violaciones a los derechos humanos.
El presupuesto teórico del intervencionismo humanitario es que la defensa internacional de los derechos humanos debe considerarse un principio de carácter prioritario respecto del de la soberanía de los Estados. Así, esa soberanía no puede resultar una prerrogativa absoluta e ilimitada, mucho menos en el contexto de una sociedad planetaria que los procesos de integración vuelve cada vez más cohesionada por las interdependencias funcionales.
El mantenimiento del orden internacional exige que se imponga a todos los Estados del planeta, eventualmente por medio del uso de la fuerza, un nivel mínimo de respeto por los derechos humanos.
Zolo afirma que, durante la década de los 90, la política de las intervenciones humanitarias se afirmó prescindiendo de cualquier referencia normativa, incluso de la Carta de las Naciones Unidas. Tal fue el caso de la guerra en Bosnia (1992-1995) y la guerra por Kosovo (1999), que consagró definitivamente la praxis del intervencionismo humanitario.(2)
Sostiene además que frente a esta auténtica ruptura del derecho internacional, la reacción de las Naciones Unidas fue esencialmente la inercia y la subordinación, cuando no la abierta complicidad con las potencias occidentales. Así fue como en setiembre de 1999, durante la guerra por Kosovo, su secretario general disfrazó la guerra de agresión como “guerra humanitaria”.
Los motivos humanitarios fueron invocados como razones suficientes de legitimación ética y jurídica del uso de la fuerza, más allá de las hipótesis taxativamente previstas por la Carta de las Naciones Unidas y permitidas por el derecho internacional general.
El desarrollo posterior de esa ruptura está hoy a la vista: la tendencia parece dirigirse hacia el abandono definitivo del monopolio del uso legitimo de la fuerza por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y en cambio, resulta cada vez más frecuente el uso directo de la fuerza militar por parte de alianzas entre Estados o por Estados en particular, a fin de proteger intereses colectivos que, obviamente, se encuentran estrechamente vinculados a las definiciones que a su respecto realizan los Estados de mayor peso y poder. Lo cual implica un lamentable regreso a la situación de anarquía anterior a la fundación de las instituciones internacionales del siglo pasado.
Echar mano a la guerra preventiva
En este contexto, signado por una suerte de fundamentalismo humanitario, se ha venido también exaltando la noción de guerra preventiva por parte de ciertas potencias occidentales. Guerra preventiva concebida y practicada por Estados Unidos contra los llamados “Estados canallas” y las organizaciones del terrorismo mundial.
El profesor de la Universidad de Florencia recuerda que estrictamente ligada a ella se encuentra la subversión del derecho internacional vigente, debido a la incompatibilidad de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional general con la noción de guerra preventiva.(3)
La interpretación consolidada del art. 51 de la Carta es un verdadero pilar del derecho internacional contemporáneo. Sin embargo, Washington reivindica la facultad de usar unilateralmente la fuerza no sólo en presencia de una amenaza de ataque de parte de otro Estado -legítima defensa anticipada-, sino también en ausencia de una amenaza inminente o de la previsión específica de un ataque. Según esa posición, la guerra puede comenzarse legítimamente si existe la convicción de que el conflicto militar es inevitable, aunque no inminente, y que diferirlo traería aparejado un riesgo mayor. No obstante ello, no hay que llamarse a engaño, la puesta en práctica del uso preventivo y unilateral de la fuerza por parte de un Estado coincide, en la mayoría de las veces, con la guerra de agresión.
Importa formular estas reflexiones en plena campaña preelectoral en los Estados Unidos, donde los dos candidatos demócratas, con algunas pequeñas diferencias que día a día se tornaron más difusas e insípidas, dieron por justificada la dimensión global y preventiva de la guerra.
Bastó oír sus discursos sobre la invasión a Irak y sobre la permanencia o no de las tropas norteamericanas en suelo de ese Estado para advertir que en realidad hablaban el mismo idioma: el de la maquinaria bélica en movimiento permanente. Mientras que Obama desplegó un discurso más sutil, Clinton lo hizo sin tantos complejos ni miramientos. Lo cierto es que ambos aceptaron que a su país le corresponde continuar con los ejercicios policíacos alrededor del globo. No importan los daños colaterales. Y menos aún, claro está, que ese arbitrario poder de policía internacional se lleve a las patadas con el derecho internacional en vigencia. © LA GACETA
Citas
(1) Danilo Zolo, La justicia de los vencedores. De Nuremberg a Bagdad, Edhasa, Buenos Aires, 2007, pag. 177.
(2) op. cit, pag. 71.
(3) op. cit., pag. 116.
N. de la D.: Los lectores pueden encontrar una crítica de Carlos Abrehu a “La justicia de los vencedores” en las páginas de este suplemento, del 7 de octubre de 2007.
