Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez no necesariamente deberán estar presentes durante las audiencias públicas del juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal por el secuestro y desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, hechos ocurridos en 1976.
El artículo 366 del Código Procesal Penal de la Nación prevé los avatares relacionados con la asistencia de los procesados a las audiencias. Es costumbre -ratificada por la jurisprudencia- que comparezcan a la inicial (en este caso, el 5 de agosto), cuando se lee la acusación que pesa sobre ellos y se les permite que se expresen.
El mismo artículo luego establece lo siguiente en relación con cada imputado: "si no quisiera asistir o continuar en la audiencia, será custodiado en una sala próxima; se procederá en lo sucesivo como si estuviera presente, y para todos los efectos será representado por el defensor. Si fuere necesario practicar su reconocimiento podrá ser compelido a la audiencia por la fuerza pública".
Como consecuencia, Bussi y Menéndez podrán optar por no presenciar las audiencias de debate y permanecer, en cambio, en una sala contigua a la de donde se desarrollarán aquellas, en el tribunal ubicado en Crisóstomo Alvarez y Chacabuco. Pero sí deberán comparecer nuevamente luego de los alegatos finales de la parte acusadora y de las respectivas defensas (Horacio Guerineau representa a Menéndez y Bussi optó por un defensor público oficial). También tendrán que estar presenten en el recinto para escuchar cuando sea leída la sentencia en la que se definirá su responsabilidad.
Cansancio
Actualmente, Menéndez está en Córdoba mientra que Bussi (foto) cumple prisión domiciliaria en una residencia de Yerba Buena. Precisamente, allí lo indagaron el martes por el caso de Josefa Nicolasa Oliva, que en 1976 estuvo detenida en varios centros clandestinos. El ex gobernador se negó a declarar, pero defendió su accionar por considerar que estaba legitimado por el orden que imperaba en el país y del que recibía instrucciones. Fue asistido por la defensora oficial adjunta María Molina.
En cambio, no pudo cumplirse el segundo acto procesal, el relacionado con el secuestro de Ema Aguirre, porque un médico de Gendarmería Nacional revisó previamente a Bussi y constató que este exhibía signos de cansancio psicofísico, razón por la que la audiencia fue postergada (sin fecha aún). A estas causas las instruye Daniel Bejas, a cargo del Juzgado Federal Nº 1.
El artículo 366 del Código Procesal Penal de la Nación prevé los avatares relacionados con la asistencia de los procesados a las audiencias. Es costumbre -ratificada por la jurisprudencia- que comparezcan a la inicial (en este caso, el 5 de agosto), cuando se lee la acusación que pesa sobre ellos y se les permite que se expresen.
El mismo artículo luego establece lo siguiente en relación con cada imputado: "si no quisiera asistir o continuar en la audiencia, será custodiado en una sala próxima; se procederá en lo sucesivo como si estuviera presente, y para todos los efectos será representado por el defensor. Si fuere necesario practicar su reconocimiento podrá ser compelido a la audiencia por la fuerza pública".
Como consecuencia, Bussi y Menéndez podrán optar por no presenciar las audiencias de debate y permanecer, en cambio, en una sala contigua a la de donde se desarrollarán aquellas, en el tribunal ubicado en Crisóstomo Alvarez y Chacabuco. Pero sí deberán comparecer nuevamente luego de los alegatos finales de la parte acusadora y de las respectivas defensas (Horacio Guerineau representa a Menéndez y Bussi optó por un defensor público oficial). También tendrán que estar presenten en el recinto para escuchar cuando sea leída la sentencia en la que se definirá su responsabilidad.
Cansancio
Actualmente, Menéndez está en Córdoba mientra que Bussi (foto) cumple prisión domiciliaria en una residencia de Yerba Buena. Precisamente, allí lo indagaron el martes por el caso de Josefa Nicolasa Oliva, que en 1976 estuvo detenida en varios centros clandestinos. El ex gobernador se negó a declarar, pero defendió su accionar por considerar que estaba legitimado por el orden que imperaba en el país y del que recibía instrucciones. Fue asistido por la defensora oficial adjunta María Molina.
En cambio, no pudo cumplirse el segundo acto procesal, el relacionado con el secuestro de Ema Aguirre, porque un médico de Gendarmería Nacional revisó previamente a Bussi y constató que este exhibía signos de cansancio psicofísico, razón por la que la audiencia fue postergada (sin fecha aún). A estas causas las instruye Daniel Bejas, a cargo del Juzgado Federal Nº 1.







