Según Yedlin, el Estado se hace cargo de servicios que no cubren las prepagas

La decisión de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que condenó al Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS) y al Estado a que se hagan cargo del 80% de los medicamentos que requiere un diabético, justificado en el postulado del artículo 146 de la Constitución provincial, fue tomado con cautela por el Ejecutivo.
El ministro de Salud Pública, Pablo Yedlin, precisó que la Provincia dará cumplimiento a la medida judicial. "De hecho, el Gobierno se hace cargo a menudo de numerosas prestaciones que no son brindadas por las empresas prepagas, y que van desde cirugías hasta la provisión de prótesis. Y no lo hacemos por orden judicial sino porque atendemos planteos que se dan por vía administrativa", consignó.
El funcionario puntualizó, también, que es partidario de que se dé, en el ámbito adecuado, un diálogo entre los miembros del Ejecutivo y los de la Justicia. "Es importante que trabajemos juntos para evitar que haya subsidios cruzados, es decir, que el Estado termine subsidiando la seguridad social, que tiene sus propios costos y su propio funcionamiento. En definitiva, el gasto estatal no debe perder su lógica, puesto que la Provincia es garante general de la salud de en el marco de los presupuestos preexistentes", puntualizó.
Precisamente, Yedlin hizo hincapié en que existe un sistema de recuperación de costos, por el cual si el paciente tiene obra social, esta reembolsa al Estado los gastos de haber tratado al paciente. "Esto es así porque el Estado debe ser el garante último de la salud, cuando el paciente, justamente, no tiene cobertura. Pero cuando hay urgencias, no hay margen para discutir ni analizar casos: hay que atender lo que ocurre", manifestó.
En el caso concreto de la diabetes, el ministro destacó que su cartera lanzará en el corto plazo un programa para los pacientes sin cobertura, para garantizarles los estudios correspondientes.