El objetivo de tener sancionado el Digesto Jurídico de la Provincia en menos de seis meses traería como consecuencia imprevista un hecho inédito en la Legislatura. Para hoy, al mediodía, fueron invitados a una reunión extraordinaria por la comisión especial encargada de esa tarea todos los ministros del gabinete provincial y el fiscal de Estado, Pedro Giúdice.
La convocatoria fue realizada por el titular de la comisión, el oficialista José Alberto Cúneo Vergés, y el encuentro tendrá lugar en el despacho del presidente de la Cámara y principal impulsor del proyecto, Juan Manzur. Si todos aceptan el convite, sería el primer plenario ministerial (o de sus secretarios, si optan por encomendarles su representación) en sede parlamentaria. La idea es definir criterios de colaboración entre la Legislatura y el Poder Ejecutivo.
La urgencia es una de las características del trabajo de los legisladores. El plazo autoimpuesto es considerado exiguo, atento la cantidad de tareas por realizar, contra reloj: identificar a las normas vigentes y reunirlas en una veintena de núcleos temáticos; declarar las derogadas por otras leyes o por la costumbre; incluir y ordenar a los Decretos de Necesidad y Urgencia; redactar nuevamente los textos confusos y elaborar anexos con la legislación de valor histórico y con la sancionada por los entes regionales o supraprovinciales.
Informes periódicos
El cuerpo delibera una vez por semana y se comprometió a elevar un informe sobre los avances del trabajo cada 20 días. Para aportar sus conocimientos, fueron designados la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Gilda Pedicone de Valls, el director del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Díaz Ricci, el secretario General de la Gobernación, Ramiro González Navarro y el historiador Carlos Páez de la Torre.
El documento final oficial con las conclusiones deberá ser aprobado por la Legislatura antes de fin de año, y pasará a ser el único texto normativo vigente en Tucumán. Las normas que no sean incluidas se tendrán por derogadas. La última ley promulgada es la Nº 8.081, por la cual se autoriza al PE a suscribir un convenio de préstamo subsidiario, a través del Ministerio de Economía de la Nación, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por U$S 16 millones (ampliables a otro monto igual), que será destinado a obras de infraestructura básica en municipios.
La convocatoria fue realizada por el titular de la comisión, el oficialista José Alberto Cúneo Vergés, y el encuentro tendrá lugar en el despacho del presidente de la Cámara y principal impulsor del proyecto, Juan Manzur. Si todos aceptan el convite, sería el primer plenario ministerial (o de sus secretarios, si optan por encomendarles su representación) en sede parlamentaria. La idea es definir criterios de colaboración entre la Legislatura y el Poder Ejecutivo.
La urgencia es una de las características del trabajo de los legisladores. El plazo autoimpuesto es considerado exiguo, atento la cantidad de tareas por realizar, contra reloj: identificar a las normas vigentes y reunirlas en una veintena de núcleos temáticos; declarar las derogadas por otras leyes o por la costumbre; incluir y ordenar a los Decretos de Necesidad y Urgencia; redactar nuevamente los textos confusos y elaborar anexos con la legislación de valor histórico y con la sancionada por los entes regionales o supraprovinciales.
Informes periódicos
El cuerpo delibera una vez por semana y se comprometió a elevar un informe sobre los avances del trabajo cada 20 días. Para aportar sus conocimientos, fueron designados la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Gilda Pedicone de Valls, el director del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Díaz Ricci, el secretario General de la Gobernación, Ramiro González Navarro y el historiador Carlos Páez de la Torre.
El documento final oficial con las conclusiones deberá ser aprobado por la Legislatura antes de fin de año, y pasará a ser el único texto normativo vigente en Tucumán. Las normas que no sean incluidas se tendrán por derogadas. La última ley promulgada es la Nº 8.081, por la cual se autoriza al PE a suscribir un convenio de préstamo subsidiario, a través del Ministerio de Economía de la Nación, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por U$S 16 millones (ampliables a otro monto igual), que será destinado a obras de infraestructura básica en municipios.







