Por Redacción LA GACETA
17 Junio 2008
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Fallo de la Sala II de la Camara en lo Contencioso Administrativo. Vocales: Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello. Causa: “Prado, Luis Alberto vs. Instituto de Prevision y Seguridad Social de Tucuman s/amparo”. Fecha: 11 de junio.
El vocal Dr. Novillo dijo:
RESULTA
Que L.A. Prado interpuso esta demanda en contra del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán a fin de que se declare la nulidad del Memorándum n° 58/05 y la inconstitucionalidad de sus disposiciones respecto del actor, en tanto pretenden dejarlo sin la cobertura del 80% de los medicamentos que por prescripción médica debe tomar de por vida (...).
CONSIDERANDO:
(...) II. En base a las alegaciones de ambas partes y a las pruebas rendidas, no se encuentra en discusión ningún aspecto médico o terapéutico (...). El actor padeció un infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial y diabetes mellyttus tipo II y el mejor camino terapéutico aconsejable consiste en la administración cotidiana en forma continua e ininterrumpida de los medicamentos señalados en la demanda (...) y en la denuncia posterior (...), que fue admitida dentro de la cobertura cautelar por providencia de fs. 121.
Los únicos aspectos que quedan pendientes son los relativos a la extensión de la cobertura de las prestaciones que reclama el actor en esta demanda.
III. En cuanto al problema de la extensión de la cobertura debida por el IPSS, cabe realizar tres observaciones (...). En primer lugar, (...) esta demanda aspira a que se ordene al IPSS que continúe cubriendo el 80% de la medicación que le fue prescripta al actor, en tanto y en cuanto se mantengan las condiciones fácticas y jurídicas que dieron origen a su situación (...).
En tercer lugar, el demandado ya reconoció su obligación de afrontar, al menos, la mitad de las pretensiones reclamadas en esta demanda. Tanto en sede administrativa como en sede judicial, el IPSS reconoció que no está en discusión que el Subsidio de Salud se encuentra obligado a brindar al actor una cobertura por medicamentos del 40%. La diferencia radica en que, desde la perspectiva del IPSS, y de acuerdo a la normativa local que regula su actividad (leyes 6446, 6447 y 6781; decreto n° 4143/21-MAS) no tiene ninguna obligación adicional y que, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 1532/4-SGPS, el actor debe reclamar el saldo restante a la Provincia de Tucumán.
(...) La cuestión jurídica central que debemos resolver (...) radica en determinar sobre quién pesa la obligación de afrontar el costo del 40% restante que demanda aquí el actor.
IV. (...) El sistema mediante el cual la Argentina procura satisfacer el derecho a la salud de sus habitantes está organizado sobre la base de tres subsistemas: uno, de seguridad social con delegación transestructural y remarcada incidencia del orden público (obras sociales); otro, de asistencia social de subsidio solidario con administración estatal directa y centralizada (prestaciones en dinero y especie directamente otorgadas por el gobierno); y un tercer subsistema de seguro privado contractual confiado a empresas de medicina privada y particulares (empresas de medicina prepaga).
(...) Las leyes de obras sociales (N° 23.660) y de seguro de salud (N° 23.661), fueron objeto de diversas regulaciones específicas, entre las cuales se destaca desde el año 1995 la implementación a nivel nacional de un Programa Médico Obligatorio (PMO), (...) con la finalidad declarada de “garantizar que los mayores recursos del sistema se canalicen institucionalmente hacia las personas en situación de mayor desprotección relativa a los fines de promover criterios de justicia social” (...).
(...) El PMO también puede ser utilizado por vía analógica en Tucumán para definir el estándar y el contenido concreto del “servicio médico social” que hizo nacer al Subsidio de Salud como obra social (según el artículo 118 de la Ley 6446) (...).
(...) En el anexo IV del PMO se confirma que la cobertura a cargo de las obras sociales en materia de medicamentos relativos al sistema cardiovascular y a las cardioterapias asciende al 70% del costo total del medicamento (...). Por consiguiente, y en virtud de que el PMO puede funcionar en nuestro derecho público local como el catálogo mínimo de prestaciones médicas básicas que pueden considerarse exigibles al IPSS (cfr. CSJT, sentencias Nº 687, 717, 755 y 763, entre otras), la obligación del IPSS por la cobertura de los medicamentos que reclama el actor no puede ser inferior al 70% (...)
V. (...). Para analizar la cobertura del remanente del 10% en el subsistema de asistencia social, es preciso señalar que de acuerdo al artículo 146 de nuestra Constitución local, la Provincia reconoce a la salud como “derecho fundamental de la persona” y pone en cabeza del Estado “la obligación ineludible” de garantizar “el derecho a la salud integral, pública y gratuita a todos sus habitantes, sin distinción alguna, mediante la adopción de medidas preventivas, sanitarias y sociales adecuadas”. Además, considera al medicamento como “bien social básico”, con obligación del Estado de procurar los mecanismos “que garanticen su accesibilidad para todos los habitantes de la Provincia”.
(...) Las modificaciones incorporadas al artículo 146 a partir de la reforma constitucional del 2006 marcan una diferencia sustancial con relación al texto del anterior artículo 125 de la Constitución de 1990, por cuanto ahondan y profundizan los alcances de la promesa constitucional. El compromiso asumido por el Estado (...) es mucho más intenso y detallado en varios aspectos. Así, se incorporó expresamente el derecho a la salud como constitucional “fundamental de la persona” y la correlativa obligación estatal ineludible de asegurarlo en forma “integral, pública y gratuita”. En el aspecto asistencial, se estableció la obligación estatal de garantizar la atención pública y gratuita en todos los hospitales y establecimientos públicos de salud para todos los habitantes. En el aspecto de programación, el Estado se comprometió a “adoptar medidas preventivas, sanitarias y sociales adecuadas”. En el aspecto operativo, señaló la obligación estatal de derivar -a su costa- al paciente a otros efectores sanitarios cuando su capacidad se encuentre colmada. En el aspecto prestacional, se estableció que el medicamento debe ser entendido como un “bien social básico” y se comprometió al Estado para que garantice su accesibilidad a todos los habitantes de la Provincia. Y en el aspecto conceptual, se desplegó el concepto de salud sobre varias dimensiones de la vida humana, ya que el mandato constitucional incluye tanto a la salud física, como a la salud mental y social.
En una orientación similar, la Ley General de Salud Pública y Medio Ambiente N° 7466 consagra el derecho a la salud como “un derecho básico e inalienable del hombre” y compromete expresamente al Estado Provincial a garantizar “el ejercicio pleno de ese derecho, brindando asistencia médica integral a todos los habitantes que la requieran y necesiten, a través del tiempo y sin ningún tipo de discriminación. A tales fines, es responsable y garante económico de la organización, planificación y dirección de un sistema igualitario, de promoción, protección, reparación y rehabilitación de la salud física y mental de la población” (artículo 2).-
(...) También resulta relevante la Ley 6664 (...), que dispuso que los ciudadanos y los poderes de la Provincia estarán sujetos a las disposiciones tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos, como del pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por expreso mandato del legislador provincial, estos documentos “son ley de la Provincia” (...).
Con relación a los tratados internacionales, la reforma de 2006 innovó (...). El constituyente ha puesto ahora de resalto que los tratados sobre derechos humanos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico “son de carácter operativo” y que “toda ley, decreto u orden que so pretexto de reglamentación, desvirtúe el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos o prive a los ciudadanos de las garantías aseguradas, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicadas por los jueces” (artículo 24, último párrafo).
(...) Frente a la insatisfacción de las prestaciones debidas en materia de salud por el Estado provincial frente a sus ciudadanos, es obligación de los jueces “abordar el modo de hacer efectiva la obligación provincial de garantizar la salud de manera integral y no parcializada” (...).
En consecuencia, por encima del nivel de cobertura mínima a que está obligado legalmente el IPSS y por fuera de relación de obra social, el Estado provincial debe aportar la responsabilidad supletoria necesaria para integrar en los hechos el mandato expreso de la Constitución.
(...) La “integralidad” a la que se encuentra obligada la Provincia para llenar el mandato constitucional y suplir la insuficiencia de la cobertura que otorga la obra social está delimitada por la extensión de la necesidad alegada en la demanda (...).
El vocal Dr. Giovanniello voto en el mismo sentido.
RESUELVE:
(...) HACER LUGAR a la presente demanda de amparo incoada por L.A. PRADO (...). En consecuencia, condenar al INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL a la cobertura del 70% del costo de los siguientes medicamentos (...). Asimismo, condenar a la PROVINCIA a asumir el 10% del costo de los medicamentos mencionados (...).
Fallo completo
"PRADO, Luis Alberto vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán s/amparo"
El vocal Dr. Novillo dijo:
RESULTA
Que L.A. Prado interpuso esta demanda en contra del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán a fin de que se declare la nulidad del Memorándum n° 58/05 y la inconstitucionalidad de sus disposiciones respecto del actor, en tanto pretenden dejarlo sin la cobertura del 80% de los medicamentos que por prescripción médica debe tomar de por vida (...).
CONSIDERANDO:
(...) II. En base a las alegaciones de ambas partes y a las pruebas rendidas, no se encuentra en discusión ningún aspecto médico o terapéutico (...). El actor padeció un infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial y diabetes mellyttus tipo II y el mejor camino terapéutico aconsejable consiste en la administración cotidiana en forma continua e ininterrumpida de los medicamentos señalados en la demanda (...) y en la denuncia posterior (...), que fue admitida dentro de la cobertura cautelar por providencia de fs. 121.
Los únicos aspectos que quedan pendientes son los relativos a la extensión de la cobertura de las prestaciones que reclama el actor en esta demanda.
III. En cuanto al problema de la extensión de la cobertura debida por el IPSS, cabe realizar tres observaciones (...). En primer lugar, (...) esta demanda aspira a que se ordene al IPSS que continúe cubriendo el 80% de la medicación que le fue prescripta al actor, en tanto y en cuanto se mantengan las condiciones fácticas y jurídicas que dieron origen a su situación (...).
En tercer lugar, el demandado ya reconoció su obligación de afrontar, al menos, la mitad de las pretensiones reclamadas en esta demanda. Tanto en sede administrativa como en sede judicial, el IPSS reconoció que no está en discusión que el Subsidio de Salud se encuentra obligado a brindar al actor una cobertura por medicamentos del 40%. La diferencia radica en que, desde la perspectiva del IPSS, y de acuerdo a la normativa local que regula su actividad (leyes 6446, 6447 y 6781; decreto n° 4143/21-MAS) no tiene ninguna obligación adicional y que, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 1532/4-SGPS, el actor debe reclamar el saldo restante a la Provincia de Tucumán.
(...) La cuestión jurídica central que debemos resolver (...) radica en determinar sobre quién pesa la obligación de afrontar el costo del 40% restante que demanda aquí el actor.
IV. (...) El sistema mediante el cual la Argentina procura satisfacer el derecho a la salud de sus habitantes está organizado sobre la base de tres subsistemas: uno, de seguridad social con delegación transestructural y remarcada incidencia del orden público (obras sociales); otro, de asistencia social de subsidio solidario con administración estatal directa y centralizada (prestaciones en dinero y especie directamente otorgadas por el gobierno); y un tercer subsistema de seguro privado contractual confiado a empresas de medicina privada y particulares (empresas de medicina prepaga).
(...) Las leyes de obras sociales (N° 23.660) y de seguro de salud (N° 23.661), fueron objeto de diversas regulaciones específicas, entre las cuales se destaca desde el año 1995 la implementación a nivel nacional de un Programa Médico Obligatorio (PMO), (...) con la finalidad declarada de “garantizar que los mayores recursos del sistema se canalicen institucionalmente hacia las personas en situación de mayor desprotección relativa a los fines de promover criterios de justicia social” (...).
(...) El PMO también puede ser utilizado por vía analógica en Tucumán para definir el estándar y el contenido concreto del “servicio médico social” que hizo nacer al Subsidio de Salud como obra social (según el artículo 118 de la Ley 6446) (...).
(...) En el anexo IV del PMO se confirma que la cobertura a cargo de las obras sociales en materia de medicamentos relativos al sistema cardiovascular y a las cardioterapias asciende al 70% del costo total del medicamento (...). Por consiguiente, y en virtud de que el PMO puede funcionar en nuestro derecho público local como el catálogo mínimo de prestaciones médicas básicas que pueden considerarse exigibles al IPSS (cfr. CSJT, sentencias Nº 687, 717, 755 y 763, entre otras), la obligación del IPSS por la cobertura de los medicamentos que reclama el actor no puede ser inferior al 70% (...)
V. (...). Para analizar la cobertura del remanente del 10% en el subsistema de asistencia social, es preciso señalar que de acuerdo al artículo 146 de nuestra Constitución local, la Provincia reconoce a la salud como “derecho fundamental de la persona” y pone en cabeza del Estado “la obligación ineludible” de garantizar “el derecho a la salud integral, pública y gratuita a todos sus habitantes, sin distinción alguna, mediante la adopción de medidas preventivas, sanitarias y sociales adecuadas”. Además, considera al medicamento como “bien social básico”, con obligación del Estado de procurar los mecanismos “que garanticen su accesibilidad para todos los habitantes de la Provincia”.
(...) Las modificaciones incorporadas al artículo 146 a partir de la reforma constitucional del 2006 marcan una diferencia sustancial con relación al texto del anterior artículo 125 de la Constitución de 1990, por cuanto ahondan y profundizan los alcances de la promesa constitucional. El compromiso asumido por el Estado (...) es mucho más intenso y detallado en varios aspectos. Así, se incorporó expresamente el derecho a la salud como constitucional “fundamental de la persona” y la correlativa obligación estatal ineludible de asegurarlo en forma “integral, pública y gratuita”. En el aspecto asistencial, se estableció la obligación estatal de garantizar la atención pública y gratuita en todos los hospitales y establecimientos públicos de salud para todos los habitantes. En el aspecto de programación, el Estado se comprometió a “adoptar medidas preventivas, sanitarias y sociales adecuadas”. En el aspecto operativo, señaló la obligación estatal de derivar -a su costa- al paciente a otros efectores sanitarios cuando su capacidad se encuentre colmada. En el aspecto prestacional, se estableció que el medicamento debe ser entendido como un “bien social básico” y se comprometió al Estado para que garantice su accesibilidad a todos los habitantes de la Provincia. Y en el aspecto conceptual, se desplegó el concepto de salud sobre varias dimensiones de la vida humana, ya que el mandato constitucional incluye tanto a la salud física, como a la salud mental y social.
En una orientación similar, la Ley General de Salud Pública y Medio Ambiente N° 7466 consagra el derecho a la salud como “un derecho básico e inalienable del hombre” y compromete expresamente al Estado Provincial a garantizar “el ejercicio pleno de ese derecho, brindando asistencia médica integral a todos los habitantes que la requieran y necesiten, a través del tiempo y sin ningún tipo de discriminación. A tales fines, es responsable y garante económico de la organización, planificación y dirección de un sistema igualitario, de promoción, protección, reparación y rehabilitación de la salud física y mental de la población” (artículo 2).-
(...) También resulta relevante la Ley 6664 (...), que dispuso que los ciudadanos y los poderes de la Provincia estarán sujetos a las disposiciones tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos, como del pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por expreso mandato del legislador provincial, estos documentos “son ley de la Provincia” (...).
Con relación a los tratados internacionales, la reforma de 2006 innovó (...). El constituyente ha puesto ahora de resalto que los tratados sobre derechos humanos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico “son de carácter operativo” y que “toda ley, decreto u orden que so pretexto de reglamentación, desvirtúe el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos o prive a los ciudadanos de las garantías aseguradas, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicadas por los jueces” (artículo 24, último párrafo).
(...) Frente a la insatisfacción de las prestaciones debidas en materia de salud por el Estado provincial frente a sus ciudadanos, es obligación de los jueces “abordar el modo de hacer efectiva la obligación provincial de garantizar la salud de manera integral y no parcializada” (...).
En consecuencia, por encima del nivel de cobertura mínima a que está obligado legalmente el IPSS y por fuera de relación de obra social, el Estado provincial debe aportar la responsabilidad supletoria necesaria para integrar en los hechos el mandato expreso de la Constitución.
(...) La “integralidad” a la que se encuentra obligada la Provincia para llenar el mandato constitucional y suplir la insuficiencia de la cobertura que otorga la obra social está delimitada por la extensión de la necesidad alegada en la demanda (...).
El vocal Dr. Giovanniello voto en el mismo sentido.
RESUELVE:
(...) HACER LUGAR a la presente demanda de amparo incoada por L.A. PRADO (...). En consecuencia, condenar al INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL a la cobertura del 70% del costo de los siguientes medicamentos (...). Asimismo, condenar a la PROVINCIA a asumir el 10% del costo de los medicamentos mencionados (...).
Fallo completo
"PRADO, Luis Alberto vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán s/amparo"
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