“Se podrá seguir un tiempo más, pero no se sabe hasta cuándo”

“Este régimen es una bocanada de oxígeno. Ahora se podrá seguir un tiempo más, pero no se puede saber hasta cuándo. Hay que cambiar el modo de medición del Indec, que es un gran peso para la industria y que hasta el Gobierno lo reconoce con esta ley”, afirmó el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Antonio Viola.
El empresario elogió la Ley 8.072, puesta en marcha ayer, y consideró que es la única alternativa para que vuelva a trabajarse en las obras públicas en la provincia, lentificadas o paralizadas por la demora de la Nación en pagar los certificados de redeterminación de precios. Señaló que alguna deuda está por cumplir ya un año, porque las redeterminaciones de precio dejaron de pagarse a mediados de 2007. Sin embargo, advirtió que la norma provincial, por sí sola, no cambiará el panorama.
Viola sostuvo que, a medida en que la situación nacional se recomponga, lo hará también la obra pública. “De no ser así, el problema persistirá en el corto plazo y habrá nuevas paralizaciones o disminución del ritmo de trabajo. Creo que, en general, ningún emprendimiento marcha normal hoy”, dijo.
El constructor aseveró que la mora causó numerosos problemas a las empresas y destacó que la decisión provincial de atender ese pasivo permitirá que las firmas vuelvan a contar con recursos. Aclaró que el problema se repite en todo el país.

Recomposición parcial
“No hay una recomposición total de las finanzas de cada empresa, sólo se cubre medianamente lo perdido. Vamos a esperar a ver cómo se manejan los índices inflacionarios para decidir si pedimos cambios a la ley, porque el problema con el Indec sigue vigente. En el último cálculo oficial, el índice de aumento general de la construcción es del 0,4%, cuando con el sistema oficial viejo de medición era del 1,2%. A niveles nacional y provincial estamos discutiendo este problema, porque necesitamos que se tomen otros parámetros”, planteó.
Viola puntualizó que el deterioro económico para el sector por la deuda estatal en todo el país es de $ 1.600 millones, y para Tucumán, de entre $ 50 y $ 60 millones. Alrededor de la mitad del perjuicio para la construcción en la provincia será compensado con los $ 25 millones extra destinados en la ley 8.072 y con otros fondos locales.
Mediante la norma, se reconoce un desfase a favor de los contratistas entre las cifras del Indec y las vigentes en la plaza local del 1,7% en los emprendimientos realizados en 2007 y del 4% para las obras que se concreten en este año.