La capital le debe a la Provincia $ 390 millones

La cuenta de inversión 2007, que presentó el intendente, Domingo Amaya, revela que la Municipalidad de la capital le debe al Gobierno provincial $ 390 millones. Ese monto representa el 80% del total de la deuda pública, que supera los $ 480 millones.
Las cifras demuestran una fuerte dependencia del Estado municipal respecto de la Provincia. De hecho, el crecimiento del pasivo fue constante desde que Amaya se hizo cargo de la intendencia. En 2004, por ejemplo, la deuda de la capital con la Provincia era de $ 171 millones, lo que implica que en cuatro años de gestión el endeudamiento trepó un 128%.
La oposición advirtió que esta situación pone a la luz el grado de subordinación política y financiera de la capital con la Provincia. En cambio, los oficialistas argumentaron que hoy por hoy la ciudad vive otra realidad, con mayor obra pública y una mejor prestación de servicios (Ver "El oficialismo...").
La deuda de la administración de la capital con la Provincia está centrada, principalmente, en el denominado Fondo Fiduciario con un monto de $ 217 millones y en el canje de la deuda pública municipal con $ 146 millones.
La suba de los montos que inyectó el gobernador, José Alperovich, a la gestión de Amaya fue significativa durante 2007, un año electoral en el que ambos obtuvieron la reelección hasta 2011 en sus respectivos cargos.
En la documentación a la que accedió LA GACETA, también figuran otros rubros como los títulos Consadep II por un total de $ 22,5 millones y anticipos financieros reintegrables por $ 5,5 millones, que aumentaron el pasivo municipal durante 2007.
El informe elaborado por la Contaduría General del municipio, a cargo de Patricia Beltrán de Salido, detalla todos los gastos efectuados por la gestión de Amaya durante el ejercicio 2007. Allí aparece, por ejemplo, el registro de erogaciones de la partida de bienes y servicios no personales (gastos discrecionales) con monto anual superior a los $ 19 millones.
En cuanto al ítem de sueldos de personal, el informe contable asegura que la planta permanente implicó un desembolso de $ 142 millones; incluyendo a los empleados del Concejo Deliberante.
En cuanto a la ejecución de obras públicas, en 2007 se había presupuestado un total de $ 82 millones, pero sólo se ejecutaron 68 millones; es decir un 83% del total. De igual modo, la intendencia había fijado un presupuesto de $ 102 millones para amortización de deudas; sin embargo, sólo se ejecutaron $ 48 millones (apenas el 48% de lo que se había establecido).

Mayor inversión
Desde la intendencia, el secretario de Hacienda, Roberto Sollazzi, resaltó que al inicio de la gestión amayista no toda la deuda estaba expuesta. Resaltó, además, que el crecimiento de la deuda pública está respaldado -dijo- por la inversión en obras públicas y en la prestación de servicios.
El funcionario mencionó que hasta 2003 los acreedores eran privados lo que significó una aplicación de intereses usurarios. "Ahora el mayor acreedor es el Estado provincial", remarcó.
En ese sentido, el secretario de Gobierno, Walter Berarducci, explicó que fue una decisión política cambiar el escenario del endeudamiento. "Ese fue un mensaje claro: con el sector privado no nos endeudamos más", insistió.
Sollazzi, por su parte, recordó que antes el municipio iba detrás de los embargos. "Ahora podemos trabajar tranquilos", afirmó.
Respecto de la pérdida de autonomía, Berarducci sostuvo que la independencia financiera no se logra de la noche a la mañana. "Es un proceso largo; ya tenemos autonomía política, ahora vamos por la autofinanciación del municipio", señaló.


El informe sobre los gastos de la Municipalidad en 2007 ya está en manos del Concejo Deliberante para su análisis. El oficialista José Franco, presidente de la comisión de Hacienda, defendió la gestión amayista.
"El crecimiento del pasivo ha sido proporcional a la inversión realizada en obras públicas", precisó. "No hay que olvidar que en 2002, en la ciudad había 12.000 luminarias y ahora son más de 45.000", señaló.
El edil resaltó que durante las gestiones anteriores a la asunción de Amaya los acreedores eran privados; ahora, en cambio -dijo- es el Gobierno provincial. "Eso nos da mayor tranquilidad y previsibilidad para ejecutar las obras que reclaman los vecinos", remarcó.

No hay autonomía
José Costanzo, por su parte, dijo que el aumento de la deuda con el Gobierno extiende el certificado de defunción de la autonomía municipal. "Disponemos del mayor presupuesto en la historia de la ciudad, pero en contrapartida esta es la gestión más desorganizada y sin un plan directriz", aseveró.
Costanzo, que integra la comisión de Hacienda, advirtió que al próximo intendente le será imposible gobernar este municipio con semejante deuda pública.


Le tocó administrar el municipio de la capital en el momento de mayor crisis política y económica. Entre julio y octubre de 2003, Marta de Ezcurra dejó su banca de concejal para asumir la intendencia, tras la destitución del entonces jefe municipal, Antonio Alvarez.
En aquellos tiempos, la ciudad era un caos -dijo De Ezcurra al comparar su gestión con la actual administración-; el ahogo financiero se notaba en el atraso salarial con el personal de las categorías más altas. "Ahora hay una euforia económica que en algún momento tendrá un final, y va a ser muy duro cuando se termine esa bonanza", afirmó.
"Es peligroso endeudar al municipio, porque se enredará a los futuros intendentes y la calidad de las obras deja mucho que desear", advirtió. "En mi época, los funcionarios nos pagábamos nuestros gastos de celular. Ahora, veo que el intendente dispone de $ 7.000 por día; esa cifra -con suerte- podía tenerla en todo un mes", señaló.
La dirigente resaltó que el crecimiento de la deuda pública destruyó la autonomía. "Son subsidiarios de la Provincia; por lo tanto son empleados del Gobierno. La figura del intendente es inexistente, y lo mismo ocurre con el Concejo Deliberante, donde se impone la mayoría numérica", dijo.