La autorización legislativa para que el vicegobernador, Juan Manzur, pueda contratar en forma directa a la empresa que construirá el nuevo edificio de la Cámara enardeció a referentes opositores.
Tal como lo reveló ayer LA GACETA, oficialistas y opositores (con excepción del radical José Cano) avalaron el jueves una modificación a la ley que dispone la afectación del histórico inmueble de la ex Brigada de Investigaciones (Muñecas y avenida Sarmiento) para la futura sede del Parlamento. El texto sancionado faculta a Manzur a evitar el llamado a licitación pública para la realización de la obra que, según estimaciones iniciales, demandaría más de $ 25 millones.
"So pretexto de inexistentes situaciones de emergencia, este gobierno hizo de la contratación directa el modo habitual para sus compras y contrataciones, alentando la sospecha de que sólo los amigos del poder resultan favorecidos. Persisten las malas señales y se profundiza el deterioro institucional como resultado de tomar atajos para no cumplir con la Constitución y las leyes de la Provincia. La licitación pública es el único sistema que garantiza la igualdad de oportunidades, permite el control entre oferentes y reduce el margen de discrecionalidad", bramó el titular de Recrear, Ernesto Padilla.
La Democracia Cristiana, a través de un documento, cargó en contra de los legisladores. "Deberían haber aprendido nuestros ilustres representantes que el mandato popular no los habilita para legislar barbaridades, como esta insólita ley, ni les confiere excepciones irritantes y violatorias al régimen de control de las finanzas públicas. Exigimos al gobernador que vete esta ley ignominiosa, so pena de compartir esta pésima demostración de despotismo y de falta de transparencia en el manejo de los dineros públicos", alertó la DC.
Tal como lo reveló ayer LA GACETA, oficialistas y opositores (con excepción del radical José Cano) avalaron el jueves una modificación a la ley que dispone la afectación del histórico inmueble de la ex Brigada de Investigaciones (Muñecas y avenida Sarmiento) para la futura sede del Parlamento. El texto sancionado faculta a Manzur a evitar el llamado a licitación pública para la realización de la obra que, según estimaciones iniciales, demandaría más de $ 25 millones.
"So pretexto de inexistentes situaciones de emergencia, este gobierno hizo de la contratación directa el modo habitual para sus compras y contrataciones, alentando la sospecha de que sólo los amigos del poder resultan favorecidos. Persisten las malas señales y se profundiza el deterioro institucional como resultado de tomar atajos para no cumplir con la Constitución y las leyes de la Provincia. La licitación pública es el único sistema que garantiza la igualdad de oportunidades, permite el control entre oferentes y reduce el margen de discrecionalidad", bramó el titular de Recrear, Ernesto Padilla.
La Democracia Cristiana, a través de un documento, cargó en contra de los legisladores. "Deberían haber aprendido nuestros ilustres representantes que el mandato popular no los habilita para legislar barbaridades, como esta insólita ley, ni les confiere excepciones irritantes y violatorias al régimen de control de las finanzas públicas. Exigimos al gobernador que vete esta ley ignominiosa, so pena de compartir esta pésima demostración de despotismo y de falta de transparencia en el manejo de los dineros públicos", alertó la DC.







