Un empleado de tesorería legislativa prefirió no hablar del caso Graneros

El pedido realizado al Tribunal de Cuentas para que investigue al legislador, Ramón Graneros (Participación Cívica), por el uso de fondos públicos generó ayer un clima de reservas y de prudencia en la Legislatura.
Miguel Noguera, ex empleado de bloque de Graneros, pidió al órgano de contralor de la provincia que determine si hubo irregularidad, falta o acto delictivo por parte del legislador en el uso de fondos públicos. Específicamente, Noguera centró su solicitud en el manejo de subsidios que habría retirado Graneros en concepto de "Gastos Sociales" y que -según la presentación- nunca llegaron a manos de los supuestos destinatarios.

La documentación
Noguera presentó una lista con más de 400 nombres que corresponderían a rendiciones de cuentas que habría presentado Graneros para poder retirar los fondos de la tesorería de la Cámara por un monto de $ 610.000. Ayer, LA GACETA consultó a Claudio Pérez, empleado de tesorería de la Legislatura, cuyo nombre y firma aparece en la documentación que entregó Noguera ante la presidencia del Tribunal de Cuentas. "Ese es un problema interno entre un ex empleado y un legislador", afirmó Pérez cuando se le consultó si la firma que aparece en la documentación es de su puño y letra.
El actual tesorero del Poder Legislativo, Oscar Fiorito, por su parte, dijo que esas explicaciones tendrán que darlas las autoridades que estuvieron en su momento. De ese modo, el funcionario hizo referencia a la gestión anterior (2003-2007).
Tanto Pérez como Fiorito recibieron a LA GACETA en su oficina ubicada en el primer piso del ex hotel Savoy. ¿Existen los gastos sociales?, se le consultó a Pérez. "Yo tengo códigos...", respondió escuetamente, sin dar precisiones sobre el polémico caso.
Paralelamente, el Tribunal de Cuentas envió ayer una cédula de notificación a Noguera para que ratifique o rectifique su pedido y le otorgó un plazo de tres días hábiles. La petición de Noguera incluye los subsidios comprendidos en el período que va de noviembre de 2003 a marzo de 2007.
Esos fondos tenían como destinatarios supuestos beneficiarios que, según Noguera, no recibieron dinero alguno de la Legislatura. Precisó que los montos de los subsidio van desde los $ 650 a $ 1.200 cada uno.