Por Redacción Política
22 Mayo 2008
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Justo en medio del avance de la causa judicial por la que se investiga si el basural de Pacará Pintado contamina, la Provincia concedió una prórroga del apto ambiental al predio en el que seis municipios arrojan unas 600 toneladas diarias de residuos. El permiso, según consta en un informe elevado a la Justicia por Fiscalía de Estado, caducará dentro de 37 días.
Mediante el escrito, el Poder Ejecutivo pretende deslindar su responsabilidad en los eventuales daños ambientales que pueda ocasionar la planta de disposición final de los desechos, pero a la vez niega que se haya contaminado. "Cualquier incumplimiento a las normas que regulan el tratamiento y disposición final de los residuos es pura y exclusivamente atribuible a Servicios y Construcciones La Banda SRL, toda vez que el otorgamiento del apto ambiental y la fiscalización de la actividad que desempeña en modo alguno son susceptibles de endilgar responsabilidad al Estado por una empresa que aquella (en alusión a la compañía) decidiera asumir a su propio riesgo", sostiene la respuesta elevada por el PE al juez Civil y Comercial de la III Nominación, Juan José Aráoz.
En el texto, el Gobierno reconoce las advertencias formuladas por especialistas en diciembre de 2005 a la continuidad de la actividad en Pacará Pintado, pero aclara que "toda decisión es tomada dentro de un cierto contexto político, real y actual que la motiva". A la vez, especifica que el Consejo Provincial de Economía y Medio Ambiente emitió el 26 de marzo un dictamen favorable a la planta. En razón de ello, un día después la Dirección de Medio Ambiente otorgó una prórroga de tres meses para que Pacará Pintado pudiera operar.En la tarde de ayer, el juez Aráoz suspendió la inspección ocular que tenía previsto realizar hoy en el predio. En rigor, la medida probatoria dispuesta en la causa iniciada por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán fue aplazada hasta el martes. La entidad pretende que se clausure la planta.
Mediante el escrito, el Poder Ejecutivo pretende deslindar su responsabilidad en los eventuales daños ambientales que pueda ocasionar la planta de disposición final de los desechos, pero a la vez niega que se haya contaminado. "Cualquier incumplimiento a las normas que regulan el tratamiento y disposición final de los residuos es pura y exclusivamente atribuible a Servicios y Construcciones La Banda SRL, toda vez que el otorgamiento del apto ambiental y la fiscalización de la actividad que desempeña en modo alguno son susceptibles de endilgar responsabilidad al Estado por una empresa que aquella (en alusión a la compañía) decidiera asumir a su propio riesgo", sostiene la respuesta elevada por el PE al juez Civil y Comercial de la III Nominación, Juan José Aráoz.
En el texto, el Gobierno reconoce las advertencias formuladas por especialistas en diciembre de 2005 a la continuidad de la actividad en Pacará Pintado, pero aclara que "toda decisión es tomada dentro de un cierto contexto político, real y actual que la motiva". A la vez, especifica que el Consejo Provincial de Economía y Medio Ambiente emitió el 26 de marzo un dictamen favorable a la planta. En razón de ello, un día después la Dirección de Medio Ambiente otorgó una prórroga de tres meses para que Pacará Pintado pudiera operar.En la tarde de ayer, el juez Aráoz suspendió la inspección ocular que tenía previsto realizar hoy en el predio. En rigor, la medida probatoria dispuesta en la causa iniciada por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán fue aplazada hasta el martes. La entidad pretende que se clausure la planta.
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