En la Corte Suprema consideran que se trata de un caso cerrado el vinculado con la instrumentación de la acordada Nº 363, que fijó los porcentajes con que se concretará la actualización salarial para cada estamento del Poder Judicial. Esto se efectivizará entre el jueves y el viernes (en forma retroactiva a a marzo) por planilla adicional.
Sin embargo, el segmento de los magistrados decidirá hoy qué posición adoptará teniendo en cuenta que, en el caso de los empleados y funcionarios de ley (hasta la categoría de secretarios de Cámara "A"), significará un aumento en el sueldo básico del 26%, mientras que, en el de los jueces (incluye a fiscales y defensores), representará un incremento del 20%.
La comisión directiva de la Asociación de Magistrados, que encabeza Marta Jerez de Rivadeneira, se reunirá a las 18, ocasión en la que podría emitir algún documento o pronunciamiento, en principio crítico respecto de la alternativa determinada por el alto tribunal. Los magistrados esgrimen en apoyo el voto por el cual el vocal René Goane marcó -con fuertes conceptos- su disidencia respecto de la posición del resto de los integrantes de la Corte (Antonio Gandur, Alberto José Brito, Antonio Estofán y Claudia Sbdar).
La mayoría del tribunal concluyó que, por esta vez, correspondía diferenciar en la recomposición a las categorías con mayores ingresos de las restantes, en favor de estas últimas. Goane, en cambio, replicó que esto era inequitativo, porque la inflación afecta de la misma manera a unos y a otros, en la medida en que menoscaba el poder adquisitivos de sus respectivos niveles salariales. Sin dudar, cuestionó el criterio seguidos por sus pares en duros términos. "Esta discriminación conculca la garantía constitucional de la igualdad ante la ley", advirtió.
Otro punto de apoyo
Los jueces también esgrimirán un reciente pronunciamiento de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), de cuya redacción también participaron los representantes tucumanos ante la FAM. En el documento, puede leerse: "en la determinación de las compensaciones de jueces y funcionarios debe tenerse en cuenta la jerarquía que el ejercicio de la función jurisdiccional lleva implícita, la dedicación exclusiva, la responsabilidad funcional, así como el desfase económico que la desvalorización del poder adquisitivo del dinero produce en dichas retribuciones".
Sin embargo, el segmento de los magistrados decidirá hoy qué posición adoptará teniendo en cuenta que, en el caso de los empleados y funcionarios de ley (hasta la categoría de secretarios de Cámara "A"), significará un aumento en el sueldo básico del 26%, mientras que, en el de los jueces (incluye a fiscales y defensores), representará un incremento del 20%.
La comisión directiva de la Asociación de Magistrados, que encabeza Marta Jerez de Rivadeneira, se reunirá a las 18, ocasión en la que podría emitir algún documento o pronunciamiento, en principio crítico respecto de la alternativa determinada por el alto tribunal. Los magistrados esgrimen en apoyo el voto por el cual el vocal René Goane marcó -con fuertes conceptos- su disidencia respecto de la posición del resto de los integrantes de la Corte (Antonio Gandur, Alberto José Brito, Antonio Estofán y Claudia Sbdar).
La mayoría del tribunal concluyó que, por esta vez, correspondía diferenciar en la recomposición a las categorías con mayores ingresos de las restantes, en favor de estas últimas. Goane, en cambio, replicó que esto era inequitativo, porque la inflación afecta de la misma manera a unos y a otros, en la medida en que menoscaba el poder adquisitivos de sus respectivos niveles salariales. Sin dudar, cuestionó el criterio seguidos por sus pares en duros términos. "Esta discriminación conculca la garantía constitucional de la igualdad ante la ley", advirtió.
Otro punto de apoyo
Los jueces también esgrimirán un reciente pronunciamiento de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), de cuya redacción también participaron los representantes tucumanos ante la FAM. En el documento, puede leerse: "en la determinación de las compensaciones de jueces y funcionarios debe tenerse en cuenta la jerarquía que el ejercicio de la función jurisdiccional lleva implícita, la dedicación exclusiva, la responsabilidad funcional, así como el desfase económico que la desvalorización del poder adquisitivo del dinero produce en dichas retribuciones".







