El PE necesita $ 264 millones para crear 22 municipalidades

La jerarquización de algunas comunas no sólo modificará el mapa territorial del interior. También provocará un notable incremento del gasto político. En efecto, la discusión respecto de cualquier avance municipalizador ahuyenta a intendentes y funcionarios del Poder Ejecutivo, pero seduce a los comisionados que administran las delegaciones rurales más importantes.
Según los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de Municipalidades (5.529) y los datos poblacionales arrojados por el censo de 2001, al menos 22 comunas podrían ser consideradas como municipios. Sin embargo, ese debate está lejos de darse en los pasillos de la Casa de Gobierno. El propio ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, aclaró ayer a LA GACETA que el tema no figura en la agenda del PE. "Una reforma de este tipo está atada a lo económico y a lo político. Pero hoy no se contempla esa posibilidad", dijo el funcionario.
Quien también consideró que la municipalización de comunas depende exclusivamente de una decisión política es el ministro de Economía, Jorge Jiménez. Este minimizó el impacto que podría ocasionar en las finanzas públicas tal medida, pero reconoció que se produciría un aumento del costo burocrático. "Desde el punto de vista económico, la incidencia no es trascendental. Lo que se aumentaría es el gasto político, el costo de mantenimiento de la estructura administrativa. Pero son decisiones políticas", remarcó.
Una conjetura previa respecto del impacto que ocasionaría una eventual municipalización de comunas podría elaborarse en base al presupuesto anual que manejan los municipios de tercera categoría. Las jurisdicciones de menor cantidad de población, como Graneros y Burruyacu, cuentan con seis concejales y administran alrededor de $ 12 millones. Consecuentemente, para jerarquizar las 22 delegaciones rurales en cuestión el Estado debería desembolsar $ 264 millones adicionales por año. Cifra equivalente al monto fijado para la construcción del dique Potrero de las Tablas.