Vecinos sin posibilidad de elegir

El federalismo ha sido reducido a una maqueta de cartón; sólo simula ser algo que en realidad no es. La inexistente autonomía de los municipios frente a la Provincia y la cada vez más débil autonomía de esta frente a la Nación, a pesar de que ambas están garantizadas en la Constitución Nacional, son la evidencia. Para los intendentes y concejales de Tucumán esto está claro porque, a la hora de gobernar, la autonomía institucional, política o financiera no es más que una pomposa declaración de la Constitución provincial reformada. Los gobiernos municipales están sometidos a acatar las definiciones que emanan del poder provincial. Reducir la relación Provincia-Municipio a la comodidad, o no, que siente un intendente por el trato que le dispensa el gobernador, no es sólo una visión estrecha; más grave aún, es impedir el desarrollo equitativo de los pueblos de la provincia. El municipio es una realidad sociológica, anterior en su existencia a la Provincia y a la Nación, es un entramado de familias que dan existencia a un sinnúmero de instituciones económicas, culturales y sociales, arraigadas en un territorio, con vínculos de vecindad que procuran el bien común local. Por tanto, la realidad municipal exige un gobierno propio con capacidad jurídica y económica para realizar el mandato recibido de su comunidad.
Cuando los constituyentes del 2006 habilitaron a los municipios a dictarse su propia Carta Orgánica, rectificando lo que habían negado los constituyentes de 1990, no hicieron una concesión graciosa o facultativa; reconocieron el derecho natural de todo grupo social organizado a autogobernarse, a darse la propia norma (autos nomos), las bases fundamentales de una auténtica democracia. Pero se equivocaron al condicionar esta facultad a una ley que debe sancionar la Legislatura y que sigue en mora.
Hoy, los vecinos de aquellos municipios con capacidad para dictarse su constitución municipal, no lo pueden hacer. Se les cercena la posibilidad de poder debatir a qué comunidad política aspiran, cómo organizarse, cómo ocupar el territorio, cómo administrar el presupuesto, cómo controlar a sus representantes, cómo proteger su ambiente, cómo promover la economía local. En definitiva, se les considera minusválidos políticos con la única capacidad de ser clientes del puntero de turno.