El mapa de municipios y comunas roza lo absurdo

Ciudades que cuentan con menos habitantes que una comuna rural, municipios que podrían perder su categoría y hasta centros urbanos con menos representación vecinal que la que legalmente les correspondería. Como corolario, una ley que está próxima a cumplir 25 años. El mapa político y territorial de Tucumán es tan vetusto como los antecedentes de las peleas políticas comarcanas que cercenan su actualización. Ningún referente político -sea del oficialismo o de la oposición- discute la necesidad de corregir los absurdos administrativos que el paso del tiempo creó. Pero nadie se atreve a tomar un mapa, una lapicera y un papel para tomar nota de las incoherencias.
La Ley Orgánica de Municipalidades (5.529) es la norma que regla la vida en las ciudades. Pero fue sancionada en setiembre de 1980, durante el último gobierno de facto. Prueba de lo añejo de su redacción es que sufrió -por lo menos- una modificación cada dos años de vigencia. Pero a pesar de los constantes cambios, los que no fueron debidamente actualizados son los requisitos establecidos para la creación de municipios. Peor aún, ni siquiera tomando como base esos datos la dirigencia política parece haberse tomado el trabajo de discutir la nueva estructura administrativa del interior.
La norma considera municipio a cualquier centro urbano con más de 5.000 habitantes permanentes. Por debajo de ese número, la ley habla de comunas rurales. En cambio, los municipios están catalogados en tercera, segunda o primera categoría, según la población con la que cuenten. Para alcanzar el grado más alto se deben reunir más de 40.000 habitantes y para el segundo pelotón más de 8.000 personas. Pues bien, Banda del Río Salí, Concepción y Tafí Viejo (además de la capital, cuyo caso es especial) son los únicos municipios de primera. En esos casos, los vecinos deben elegir 12 concejales. ¿Es que no hay otras ciudades que superen los 40.000 habitantes? Claro que sí. Sólo tomando como referencia los datos que arrojó el censo poblacional de 2001, se concluye que Yerba Buena y Las Talitas superan holgadamente ese requisito. Sin embargo, aún cuentan con Concejos Deliberantes compuestos por 10 ediles (cifra de representantes establecida para municipios de segunda).
Una eventual actualización, incluso, alteraría el mapa de las ciudades más pequeñas. Es tan paradójico que, si alguien leyera la fría letra de la Ley Orgánica de Municipalidades y la comparara con los datos del último censo, podría pretender que Burruyacu y Tafí del Valle -actuales municipios de tercera categoría, con seis ediles- sean rebajados al nivel de comunas. Ninguna de las dos supera el piso de 5.000 habitantes.
De la misma manera, al menos 22 de las 93 comunas rurales del interior superan ese requisito mínimo de habitantes para ser consideradas municipios. Hay casos emblemáticos: El Manantial, Cebil Redondo, San Pablo o Santa Ana, entre otras delegaciones, superan con amplitud en población a varios municipios.
Si bien en los últimos años surgieron algunas propuestas para jerarquizar a algunas comunas, nunca se consiguieron avances. El motivo es conocido: celos entre políticos. Ocurre que la creación de nuevas jurisdicciones o la recategorización de otras implicaría una redistribución de los recursos coparticipables. En efecto, se trata de una decisión de índole estrictamente política. Desde el oficialismo se utiliza como argumento para rebatir los avances municipalizadores que la medida traería aparejada un fuerte incremento del gasto político. Sin embargo, cuando se reformó la Constitución, en 2006, sí se actualizó la representación parlamentaria territorial según los parámetros del censo de 2001. En rigor, se crearon nueve bancas legislativas más. Lo que falta, en definitiva, es un sinceramiento de la clase política.