Denuncia contra el fiscal de Estado por presunta estafa

La polémica en torno de un informe pericial según el cual el fiscal de Estado, Pedro Giúdice, padecía graves afecciones psicológicas (es de hace un par de años, según el funcionario) tiene, a partir de ayer, un nuevo capítulo judicial. Porque el miembro del Ejecutivo, con rango ministerial, acaba de ser denunciado por la presunta comisión del delito de fraude procesal, ante la Fiscalía Penal de III Nominación, a cargo de Teresita Marnero.
La pericia psicológica forma parte del expediente "Giúdice, Pedro c/ Arévalo, Carlos Alberto s/ daños y perjuicios", que se tramitó en el Juzgado en Documentos y Locaciones de la II Nominación, a cargo de Lucía del Valle Alcorta. El accionante es el hijo del fiscal de Estado, quien, al igual que su padre, se llama Pedro Giúdice.
La demanda se vincula con una ruptura contractual por parte de Arévalo, que Giúdice adujo que le causó un grave perjuicio económico, además de una afectación psicológica en términos de trauma. La magistrada dictó una sentencia condenatoria contra Arévalo por casi $ 300.000, de los cuales $ 100.000 corresponde a "daño moral", sobre la base del informe de la psicóloga Nora Isabel Perdiguera. "no hay afectación de su normal actividad social y familiar, con anulación de su desempeño laboral, sentimiento de minusvalía, baja vitalidad, reducción de la energía psíquica con empobrecimiento y lentificación general de las funciones yoicas", sostuvo la profesional.
A partir de que se desempeña como fiscal de Estado, Arévalo sostiene que Giúdice jamás padeció las afecciones descriptas en la causa, y que habría maniobrado para engañar al juzgado y lograr un fallo favorable. "Al desplegar habitualmente sus tareas contradice las conclusiones de la pericia", se afirma en la demanda, promovida por el letrado Patricio César García.
En el escrito, además, se denuncia al hijo del fiscal de Estado como supuesto partícipe necesario de la presunta estafa procesal. La otra opción, se manifiesta irónicamente, "es deducir que se produjo una cura milagrosa, porque (Giúdice) estaba incapacitado".
"El informe psicológico manifiesta que el denunciado está imposibilitado de trabajar en su actividad. Pero, curiosamente, no está privado de defender los intereses públicos. (...) Para desempeñarse como fiscal de Estado, Giúdice debe estar en ejercicio pleno de sus funciones intelectivas. Al aceptar el cargo, dejó al descubierto el engaño realizado en mi contra", asegura Arévalo.
Dadas las inmunidades constitucionales inherentes a su cargo, Arévalo solicitó que se pida a la Legislatura el juicio político y la posterior destitución de Giúdice para que sea procesado.