La operatoria crediticia de la Caja Popular de Ahorros para que los jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios de la Justicia provincial puedan cancelar sus deudas con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y acceder a la jubilación especial del 82% móvil será prorrogada hasta el 31 de este mes.
Ayer se conoció en la Legislatura el proyecto de ley al respecto, de autoría de Roque Tobías Alvarez, a quien acompañan legisladores de su bloque Tucumán Crece. Se espera que el tema sea tratado en la sesión prevista inicialmente para el jueves, ya que es considerado de alto interés para el Gobierno.
La deuda de los miembros del Poder Judicial se acumuló porque existieron diferentes niveles de aportes previsionales de cada uno, según si estaban en el régimen de capitalización (AFJP) o en el de reparto (estatal). Aún en el mejor de los casos, siempre fueron inferiores al 12% exigido para ser parte del sistema jubilatorio especial que tienen los magistrados y funcionarios de la Nación, al cual se anexaron los tucumanos mediante el acta complementaria del Convenio de Transferencia, que fue ratificada por la Ley 7.853 (la norma viabilizó la equiparación de haberes entre los judiciales pasivos).
Los requisitos
La condición para acceder a la línea de préstamos estatal es que los interesados hayan iniciado el trámite jubilatorio y soliciten el crédito hasta fin de mes.
El nuevo plazo amplía al original, que venció el 31 de marzo pasado. Pero el principal problema que subsiste es la demora en la AFIP para proporcionar los montos de los pasivos personales. Ante ello, en el proyecto se contempla el cálculo a partir de las declaraciones juradas rectificativas (denominación técnica del volumen reconocido de deuda individual) que haga la Provincia.
Para cubrir la operatoria, la Caja dispondrá de $ 3,7 millones. La entidad crediticia tendrá amplias facultades para determinar el plazo de reintegro del préstamo de cada juez que se jubile. Así, podrá fijar hasta 124 cuotas para la devolución de los recursos. El promedio de cancelación del crédito deberá ser (esta fórmula taxativa es la que figura en la iniciativa legal) igual a la cantidad de meses de diferencias de aportes personales que el beneficiario deba afrontar.
La tasa de interés que se cobrará no podrá superar la que pague el Banco de la Nación Argentina por los depósitos en pesos en plazos fijos de 30 días.
Sin embargo, en la iniciativa legal se contempla también que, independientemente del otorgamiento efectivo de la jubilación, cada interesado tendrá un plazo de 12 meses para reintegrar el monto original y los accesorios (intereses y otros gastos), que comenzará a correr a los 90 días de otorgado el beneficio, aunque la Caja podrá modificar la fecha de inicio de la amortización.
Ayer se conoció en la Legislatura el proyecto de ley al respecto, de autoría de Roque Tobías Alvarez, a quien acompañan legisladores de su bloque Tucumán Crece. Se espera que el tema sea tratado en la sesión prevista inicialmente para el jueves, ya que es considerado de alto interés para el Gobierno.
La deuda de los miembros del Poder Judicial se acumuló porque existieron diferentes niveles de aportes previsionales de cada uno, según si estaban en el régimen de capitalización (AFJP) o en el de reparto (estatal). Aún en el mejor de los casos, siempre fueron inferiores al 12% exigido para ser parte del sistema jubilatorio especial que tienen los magistrados y funcionarios de la Nación, al cual se anexaron los tucumanos mediante el acta complementaria del Convenio de Transferencia, que fue ratificada por la Ley 7.853 (la norma viabilizó la equiparación de haberes entre los judiciales pasivos).
Los requisitos
La condición para acceder a la línea de préstamos estatal es que los interesados hayan iniciado el trámite jubilatorio y soliciten el crédito hasta fin de mes.
El nuevo plazo amplía al original, que venció el 31 de marzo pasado. Pero el principal problema que subsiste es la demora en la AFIP para proporcionar los montos de los pasivos personales. Ante ello, en el proyecto se contempla el cálculo a partir de las declaraciones juradas rectificativas (denominación técnica del volumen reconocido de deuda individual) que haga la Provincia.
Para cubrir la operatoria, la Caja dispondrá de $ 3,7 millones. La entidad crediticia tendrá amplias facultades para determinar el plazo de reintegro del préstamo de cada juez que se jubile. Así, podrá fijar hasta 124 cuotas para la devolución de los recursos. El promedio de cancelación del crédito deberá ser (esta fórmula taxativa es la que figura en la iniciativa legal) igual a la cantidad de meses de diferencias de aportes personales que el beneficiario deba afrontar.
La tasa de interés que se cobrará no podrá superar la que pague el Banco de la Nación Argentina por los depósitos en pesos en plazos fijos de 30 días.
Sin embargo, en la iniciativa legal se contempla también que, independientemente del otorgamiento efectivo de la jubilación, cada interesado tendrá un plazo de 12 meses para reintegrar el monto original y los accesorios (intereses y otros gastos), que comenzará a correr a los 90 días de otorgado el beneficio, aunque la Caja podrá modificar la fecha de inicio de la amortización.







