A Alejandro Molinuevo, que fue elegido presidente del Colegio de Abogados del Sur, se lo conoce como "Cacano", apodo que le quedó de cuando jugaba al rugby, de medio apertura, en el Club Huirapuca de Concepción. Para sus cuatro años de gestión se fijó una ambiciosa meta, que en el plano institucional pasa porque la entidad tenga una presencia relevante en los hechos que afecten el ejercicio de la profesión o que estén vinculados al funcionamiento de la Justicia.
El letrado de 38 años fue contundente. "Nuestro colegio, en tanto institución intermedia, debe demostrar identidad e independencia respecto de los poderes del Estado. Debe reinar el mayor pluralismo, desprovisto de cualquier expresión política coyuntural", precisó.
Aunque prefirió centrarse en lo que le espera desde el 6 de mayo, Molinuevo deslizó una crítica a la gestión de su antecesor, Eduardo Fernández, titular de la institución desde hace 12 años. "Nuestro colegio debió haber asumido una posición activa, firme y definida frente a disposiciones legales que afecten el normal desenvolvimiento de la institución, como fue el caso de la ley que postergó el pago de los bonos profesionales (lo hacen los letrados en cada proceso judicial en el que intervienen) hasta el momento previo al dictado de la sentencia ( se lo hacía al comienzo)", aseveró.
En relación con la Ley 7.993, sancionada en diciembre, el Colegio de Abogados de la capital, por medio de su representante, Luis Emilio Rodríguez Vaquero, dedujo una acción de inconstitucionalidad ante la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Independencia y apertura son palabras que repite Molinuevo. "Demostrando identidad, tenemos que estar abiertos al diálogo con las otras instituciones vinculadas al quehacer de la abogacía. Debemos tener una fluida relación con los poderes del Estado, en particular con la Corte Suprema de Justicia, para aportar a la mejora de nuestro Centro Judicial (por el de Concepción) en temas como infraestructura, cobertura de vacantes y celeridad en la resolución de causas", aseguró.
También aclaró que promoverá que los letrados paguen anualmente una única matrícula, para lo cual impulsará un acuerdo y un intercambio de servicios con el Colegio de Abogados de la capital.
Puertas adentro, el sector que encabeza el joven abogado está convencido de que urge informatizar los servicios de la institución. "Hay que facilitar las notificaciones por vía digital a todos los abogados que tengan causas radicadas en el sur. Además, urge contar con una publicación sobre la evolución de la jurisprudencia de nuestros tribunales. También debemos celebrar convenios con los registros Inmobiliario y de Catastro", reconoció. Otro anhelo es el establecimiento de consultorios jurídicos gratuitos. "Además de permitir que los jóvenes graduados puedan hacer sus primeras armas, brindaremos un valioso servicio a la comunidad", destacó.
Además de Molinuevo, asumirán Jorge Jakobsen (secretario), María Teresa Barquet (tesorera), y Sergio Hernández, Ramón Corbalán y César Luis Robles (vocales). Para el Tribunal de Etica fueron elegidos titulares Enrique Kaenel, Carlos Cruzado y Carlos Guiñazú, y para la comisión Revisora de Cuentas, Miriam Zottoli, Carlos Ayosa y Enrique Rojas.
El letrado de 38 años fue contundente. "Nuestro colegio, en tanto institución intermedia, debe demostrar identidad e independencia respecto de los poderes del Estado. Debe reinar el mayor pluralismo, desprovisto de cualquier expresión política coyuntural", precisó.
Aunque prefirió centrarse en lo que le espera desde el 6 de mayo, Molinuevo deslizó una crítica a la gestión de su antecesor, Eduardo Fernández, titular de la institución desde hace 12 años. "Nuestro colegio debió haber asumido una posición activa, firme y definida frente a disposiciones legales que afecten el normal desenvolvimiento de la institución, como fue el caso de la ley que postergó el pago de los bonos profesionales (lo hacen los letrados en cada proceso judicial en el que intervienen) hasta el momento previo al dictado de la sentencia ( se lo hacía al comienzo)", aseveró.
En relación con la Ley 7.993, sancionada en diciembre, el Colegio de Abogados de la capital, por medio de su representante, Luis Emilio Rodríguez Vaquero, dedujo una acción de inconstitucionalidad ante la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Independencia y apertura son palabras que repite Molinuevo. "Demostrando identidad, tenemos que estar abiertos al diálogo con las otras instituciones vinculadas al quehacer de la abogacía. Debemos tener una fluida relación con los poderes del Estado, en particular con la Corte Suprema de Justicia, para aportar a la mejora de nuestro Centro Judicial (por el de Concepción) en temas como infraestructura, cobertura de vacantes y celeridad en la resolución de causas", aseguró.
También aclaró que promoverá que los letrados paguen anualmente una única matrícula, para lo cual impulsará un acuerdo y un intercambio de servicios con el Colegio de Abogados de la capital.
Puertas adentro, el sector que encabeza el joven abogado está convencido de que urge informatizar los servicios de la institución. "Hay que facilitar las notificaciones por vía digital a todos los abogados que tengan causas radicadas en el sur. Además, urge contar con una publicación sobre la evolución de la jurisprudencia de nuestros tribunales. También debemos celebrar convenios con los registros Inmobiliario y de Catastro", reconoció. Otro anhelo es el establecimiento de consultorios jurídicos gratuitos. "Además de permitir que los jóvenes graduados puedan hacer sus primeras armas, brindaremos un valioso servicio a la comunidad", destacó.
Además de Molinuevo, asumirán Jorge Jakobsen (secretario), María Teresa Barquet (tesorera), y Sergio Hernández, Ramón Corbalán y César Luis Robles (vocales). Para el Tribunal de Etica fueron elegidos titulares Enrique Kaenel, Carlos Cruzado y Carlos Guiñazú, y para la comisión Revisora de Cuentas, Miriam Zottoli, Carlos Ayosa y Enrique Rojas.







