Quince magistrados iniciaron sus trámites jubilatorios

Hasta ayer, 15 magistrados y dos funcionarios judiciales habían iniciado los trámites con el afán de jubilarse con el beneficio del 82% móvil. La fecha es importante, porque en diciembre el Poder Ejecutivo estableció que aquellos que cumplieran con ese paso hasta el 31 de marzo iban a poder solicitar un préstamo personal ante la Caja Popular de Ahorros para liquidar diferencias de aportes adeudados a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
De los 15, 12 pertenecen a esta capital; entre ellos, los camaristas Santiago Gallo Caínzo, María Eugenia Frías de Sassi Colombres, Martha González de Ponssa y Ricardo Robinson (todos del fuero en lo Civil y Comercial Común), según informaron en la Corte Suprema.
También presentaron la documentación requerida los camaristas Enrique Guibert (Contencioso Administrativo), Luis Enrique Roque Antoni y José Antonio Barrozo (del Trabajo), y Jorge Alberto Duhart y Miguel Iácono (Penal).
Lo mismo hicieron el juez Benjamín Palacios (Civil y Comercial Común de la I Nominación), la defensora oficial Teresa Carnival (en lo Penal) y el fiscal Pedro Gallo (I de Instrucción Penal).
En el caso del Centro Judicial de Concepción, empezaron los trámites para retirarse los magistrados Antonia del Carmen Pastoriza (Documentos y Locaciones de la II Nominación) y Eduardo Molinuevo (de Instrucción de la II Nominación), así como el II defensor Oficial en lo Penal, Norberto José Antoni.
Entre los funcionarios, también manifestaron la voluntad de jubilarse Julio Alberto Dupuy, secretario administrativo de la Corte Suprema de Justicia, y Luis Osvaldo Domínguez, secretario de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción.
El vencimiento del plazo tenía sólo por finalidad cumplir con el término que había fijado el gobernador José Alperovich para, eventualmente, acceder a un crédito oficial y así poder liquidar diferencias adeudas a la Anses. Tampoco significa que todos los que iniciaron el trámite vayan a hacer uso de esta opción.
Quienes cumplan con la edad y los años de servicios exigidos podrán jubilarse cuando lo consideren pertinente (los jueces continúan en sus funciones mientras dure su buena conducta), siempre que previamente liquidaran lo que adeudaran a la Anses. Lo que este organismo reclama en cada caso son las diferencias que se generaron entre 1996 (año en que fue traspasado el sistema previsional de la provincia a la Nación) y 2006, cuando se firmó un acta con la Nación que permitió que los jueces tucumanos quedaran comprendidos en la Ley 24.018 (concede el 82% móvil).

Una historia con final abierto
1.- A medida de que se generen vacantes en la Justicia, será necesario cubrirlas. Para ello, será clave la integración del Consejo Asesor de la Magistratura.

2.- La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró nula la facultad concedida al PE (por la Constitución de 2006) de integrar el CAM por decreto.

3.- Será determinante lo que diga la Corte Suprema de Justicia sobre el recurso de casación deducido por el Gobierno contra el histórico fallo de aquella Cámara.

4.- La sentencia recurrida sólo cuestionó la potestad atribuida al PE, no que la Carta Magna establezca concursos para la selección de los jueces inferiores.