Según Terraf,la defensa busca dilatar el proceso

El fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Alfredo Terraf, no tiene dudas: "la defensa se empecina en reiterar planteos ya formulados y debidamente resueltos con anterioridad. En esta estrategia sorda y dilatoria, esgrime argumentos alambicados y vehementes, en franca negación de disposiciones expresas del Código Procesal Penal de la Nación".
Esto aseguró al aconsejar que sean rechazados una serie de planteos formulados por Horacio Conesa Mones Ruiz, abogado de Antonio Bussi y de Luciano Benjamín Menéndez; entre ellos, el supuesto derecho de que los militares retirados sean sometidos a un juicio escrito, pese a que ya fue elevada a juicio oral la primera causa por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, en la que ambos están procesados. Conesa Mones Ruiz esgrimió que sus clientes pueden hacer uso de la opción que ofrecía la Ley 24.121 (en vigencia desde setiembre de 1992), que implementó y organizó los Tribunales Orales en lo Criminal Federal -entre ellos el de Tucumán- tras la reforma del Código Procesal Penal de la Nación que sentó el principio de la oralidad. La norma preveía que, para las causas en trámite al tiempo de la implementación del nuevo sistema, los imputados podían optar por el proceso escrito. Como la causa por la que investigan a Bussi y a Menéndez versa sobre el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse (PJ), ocurridos en 1976, el defensor recurrió a tal derecho.
Terraf rebatió los argumentos de la defensa. "La cuestión relacionada con la mencionada opción ya fue resuelta en reiteradas oportunidades. Por medio de la resolución del 15 de diciembre de 2004, la Cámara Federal de Apelaciones expresó: ?el derecho a optar, que habilitó en su momento la Ley 24.121 para organizar la transición entre el viejo y el nuevo Código de Procedimiento Penal, resulta inoperante a la fecha de la reapertura de la presente causa", afirmó.
Terraf recordó que la causa "Vargas Aignasse" no se encontraba en trámite en el momento de la entrada en vigor de la Ley 24.121. Además agregó: "ninguno de los imputados ni sus respectivas defensas hicieron referencia a esta opción en el momento oportuno, que tendría que haber sido el de su primera presentación".
En el dictamen, que no es vinculante, el fiscal advirtió sobre articulaciones manifiestamente dilatorias de Conesa Mones Ruiz y ejemplificó que este insiste en seguir cuestionando -entre otras cosas- la decisión que dispuso la elevación a juicio de la causa, que está firme. "Todas las resoluciones, que decidieron sobre estas cuestiones en la etapa procesal oportuna, así como las normas legales en que se fundan, son de pleno conocimiento por parte de la defensa, que no puede desligarse de ellas, porque todas les fueron notificadas en tiempo y forma, y se encuentran debidamente incorporadas al proceso", recalcó.
Ahora, el tribunal, integrado por Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y la santiagueña Josefina Curi (reemplaza a Alicia Noli, que se inhibió), deberá resolver los planteos de la defensa para poder avanzar en la causa, en la que las partes fueron notificadas de que debían comparecer a juicio, ofrecer pruebas y practicar las recusaciones que consideraran pertinentes.