Por Redacción Política
30 Marzo 2008
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En teoría, mañana vence el plazo fijado por el Poder Ejecutivo para los magistrados interesados en obtener un crédito de la Caja Popular de Ahorros de manera de liquidar diferencias de aportes con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a fin de poder jubilarse con el 82% móvil.
En diciembre, por medio de un decreto de necesidad y urgencia, el gobernador, José Alperovich, habilitó una línea de préstamos personales por un total de $ 3 millones, pero puso como condición que los jueces iniciaran los trámites jubilatorios antes del 31 de marzo. Aunque aún no está dispuesto oficialmente, en el Gobierno no descartan ampliar -por medio de otro decreto- el plazo teniendo en cuenta las dificultades que hubo para determinar lo adeudado en caso caso concreto a la Anses.
Hasta el viernes, según informaron a LA GACETA en la Corte Suprema, sumaban 13 los magistrados con los trámites avanzados para retirarse, aunque no es obligatorio recurrir a la línea de crédito oficial (cada cual puede hacerlo por sus propios medios) ni el plazo para acogerse a la jubilación expira fatalmente mañana.
Por medio de una nota dirigida al alto tribunal, los camaristas civiles María Eugenia Frías de Sassi Colombres, Martha González de Ponssa y Santiago Gallo Caínzo solicitaron que se formulara la determinación fehaciente de su situación previsional con la Anses para, eventualmente, cumplir con los trámites hasta la fecha señalada a fin de gestionar el préstamo ante la Caja Popular.
Otros que habrían avanzado con la acreditación de la documentación exigida, aunque no necesariamente implica que vayan a hacer uso de la línea de crédito oficial, son José Antonio Barrozo, Luis Enrique Antoni, Ricardo Robinson, Norberto José Antoni, Gladys Ríos, Carlos Jerez, Ebe López Piossek y Enrique Guibert.
Para que los magistrados puedan acceder al beneficio del 82% móvil, la Anses exige que cancelen las diferencias de aportes que se generaron entre 1996 (en ese año fue traspasado el sistema previsional provincial a la Nación) y 2006.
En diciembre, por medio de un decreto de necesidad y urgencia, el gobernador, José Alperovich, habilitó una línea de préstamos personales por un total de $ 3 millones, pero puso como condición que los jueces iniciaran los trámites jubilatorios antes del 31 de marzo. Aunque aún no está dispuesto oficialmente, en el Gobierno no descartan ampliar -por medio de otro decreto- el plazo teniendo en cuenta las dificultades que hubo para determinar lo adeudado en caso caso concreto a la Anses.
Hasta el viernes, según informaron a LA GACETA en la Corte Suprema, sumaban 13 los magistrados con los trámites avanzados para retirarse, aunque no es obligatorio recurrir a la línea de crédito oficial (cada cual puede hacerlo por sus propios medios) ni el plazo para acogerse a la jubilación expira fatalmente mañana.
Por medio de una nota dirigida al alto tribunal, los camaristas civiles María Eugenia Frías de Sassi Colombres, Martha González de Ponssa y Santiago Gallo Caínzo solicitaron que se formulara la determinación fehaciente de su situación previsional con la Anses para, eventualmente, cumplir con los trámites hasta la fecha señalada a fin de gestionar el préstamo ante la Caja Popular.
Otros que habrían avanzado con la acreditación de la documentación exigida, aunque no necesariamente implica que vayan a hacer uso de la línea de crédito oficial, son José Antonio Barrozo, Luis Enrique Antoni, Ricardo Robinson, Norberto José Antoni, Gladys Ríos, Carlos Jerez, Ebe López Piossek y Enrique Guibert.
Para que los magistrados puedan acceder al beneficio del 82% móvil, la Anses exige que cancelen las diferencias de aportes que se generaron entre 1996 (en ese año fue traspasado el sistema previsional provincial a la Nación) y 2006.
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