Aunque es delito, ya es un hábito fotocopiar libros

Bajo el argumento de que alivia los costos de la educación para estudiantes e investigadores, el fotocopiado se convirtió en una de las prácticas más difundidas en el mundo. Pero también en un gran enemigo de la industria editorial y de los derechos de autor.
Con resultados satisfactorios, en los últimos dos años, la Cámara Argentina del Libro ha iniciado más de 100 causas con fallos que dictaminaron la aplicación de multas de hasta $1.800 por vender fotocopias de libros. Desde la entidad, aseguran que la cultura de la fotocopia no tiene que ver con el poder adquisitivo para acceder a un libro: "ha llegado a tal nivel, que en las universidades más caras del país también se implementa esta práctica ilegal", subrayan.
En la Facultad de Derecho de la UNT, los empleados cumplen con los pedidos que reciben y aseguran que jamás tuvieron problemas. "Trabajamos desde hace cuatro años aquí, en Odontología, Educación Física y Filosofía y Letras y nunca hubo inconvenientes. Sé que en algunos casos no se puede hacer, pero ahora pocas editoriales ponen las leyendas de advertencia o el sello que se estilaba en la primera hoja que prohiba fotocopiar", comenta Miriam, una empleada.

La diferencia de costos
A tal punto llegó la reprografía que, aunque se conoce que es un delito, la fotocopia figura, para algunos, como "la única salida para estudiar". Tal es el caso de Susana que encargó una copia del libro de inglés para su hijo de 5º año. "Cuesta $50 el original y no dispongo de ese dinero. La fotocopia anillada vale $7,80", cuenta.
Cecilia Paz, encargada de una librería, sostiene que la reprografía es un problema grave exclusivamente en el ámbito académico. "Por lo general, los estudiantes manejan un presupuesto bajo y los textos escolares y universitarios son de corta duración. Se los usa un año para el cursado de una materia y después se revenden. Creo que esa idea -de que no es para siempre- influye en la elección de fotocopias pero principalmente, creo que es porque son más económicas", opina. "Nuestros clientes son consumidores de novelas y ensayos políticos. Personas que destinan un porcentaje de dinero para darse un lujo; compran por elección, con placer y con el objetivo final de atesorar el libro. En cambio, los chicos, gastan en una película o música. La fotocopia es para ellos un ahorro".

Los casos en la Justicia
En 1997, Máximo Champagna y Ricardo Varela, propietarios de dos fotocopiadoras universitarias fueron condenados por vender fotocopias de libros y, además de pagar multas de $ 1.500 y $ 1.800, tuvieron que realizar tareas comunitarias gratuitas, dos veces por semana durante dos años en bibliotecas, según lo dispuesto por el Tribunal Oral bonaerense número 16, a cargo del juez Gustavo Anadón.
Los tribunales nacionales de manera dispar han dictado una serie de fallos que permiten extraer ciertos principios de aplicación práctica en lo que hace al fotocopiado de libros. El abogado Federico Colombres (h) sostiene que aunque ninguno de ellos puede considerarse pacífica y unánimemente como excusa exculpatoria, cabe reseñarlos como directrices. "Por ejemplo, la reproducción para uso personal, para fines de investigación y/o académicos, en la generalidad de los pronunciamientos, no es punible. Tampoco lo es cuando la reproducción es sin fines de lucro o cuando se trata de una reproducción parcial, aunque este último ha sido discutido en la jurisprudencia", señala. Por el contrario, la reproducción de libros con fines de comercialización es un delito de estafa o defraudación, considerado por la ley 11.723, de propiedad intelectual. "El hecho de que los libros estén agotados, sean de procedencia extranjera y de alto costo, y que el copiado se haya hecho para poder acceder a los contenidos con fines de estudio, ha sido rechazado como eximente a los fines del delito, pero opera como atenuante en la fijación de la pena", agrega Colombres.
¿Y quién va preso? ,¿el fotocopiador o el que encarga la copia? "Esas cuestiones se resuelven por las reglas de participación establecidas en el código penal, donde se prevé la figura de cómplice, de partícipe necesario, entre otros", responde el abogado. Y agrega: "en los hechos, y ya ajeno a las normas y al deber ser, y por una cuestión de política criminal, los jueces tratan de caer sobre el dueño del comercio que vende copias de libros por ser quien, en definitiva, alimenta el negocio. El particular o el empleado son el último eslabón de la cadena y, su castigo, no contribuye a la erradicación de este delito".

Las penas
"Quien edite, venda o reproduzca por cualquier medio una obra sin autorización de su autor" atenta contra el artículo 72 de la Ley de Propiedad Intelectual y se considera esta acción como defraudación y estafa (artículo 172 del Código Penal), un delito que tiene una pena de un mes a seis años en prisión. Además, el juez puede establecer indemnizaciones o multas, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, como ser el costo del libro, la cantidad de ejemplares reproducidos o la ganancia ilícitamente obtenida. "En general, las penas que se fijan son sometidas a suspensión o ejecución condicional por ser un delito que si no es de una significativa magnitud económica, tiene una condena efectiva menor a tres años", dice el abogado. Y agrega: "Pero como pasa en el mundo del derecho, la fuerza de la norma la da la costumbre, que a la vez se forma con el grado de coacción y de control que ejerza el Estado".
El delito de la reprografìa se ha vuelto un hábito que cuenta con la aceptación social y el justificativo (utilizado en muchos casos) de que no hay dinero para comprar. Esta mala costumbre, con ayuda de las nuevas tecnologías no sólo se insertó con comodidad en la sociedad sino que, cada vez, resulta más difícil de perseguir.