Ayer, a media mañana, el peronista disidente Enrique Romero concurrió a la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para ratificar los términos de la acción de amparo que interpuso el jueves. Por medio de esta acción judicial, el dirigente pretende que la Justicia trabe la designación de Claudia Sbdar como nueva vocal de la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de Héctor Eduardo Area Maidana. Romero entiende que la abogada no reúne los requisitos exigidos por la Constitución provincial para asumir en el alto tribunal, pese a contar con el acuerdo de la propia Legislatura.
Romero solicitó que, hasta que no sea resuelto el fondo de la cuestión, se dicte una medida cautelar que ordene al Poder Ejecutivo que se abstenga de designar a Sbdar. Hasta anoche, el gobernador José Alperovich no había firmado el decreto correspondiente, que debe ser comunicado a la Corte Suprema para que organice el acto de jura. En teoría este estaba previsto para el martes, a las 12.
Necesario informe
El pedido de la medida cautelar será resuelto por Salvador Ruiz, que está a cargo de la presidencia de la Sala I (el otro vocal es Horacio Castellanos). Antes de tomar una resolución, corresponde requerir el informe previsto por el artículo 21 del Código Procesal Constitucional de la Provincia. Este debe ser dirigido al órgano identificado como autor del agravio que motivó la acción de amparo.
En este caso, a la Legislatura le solicitarán un informe teniendo en cuenta que Romero cuestionó la resolución de la comisión de Peticiones y Acuerdos de la Cámara. Esta, el miércoles, rechazó por extemporánea la impugnación que, por supuesta inhabilidad, Romero había formulado contra el pliego de la abogada en la convicción de que no reunía los requisitos establecidos por la Constitución.
Para poder ser vocal de Corte o ministro fiscal, el artículo 117, inciso “A” exige: “haber cumplido 40 años y tener, por lo menos, 15 años de ejercicio del título en la profesión libre o en la magistratura, o en los Ministerios Fiscal o Pupilar, o en Secretarías judiciales”. Sbdar fue jueza en lo Civil y Comercial entre 1992 y 1993, y desde mayo de este último año, relatora del máximo tribunal, cargo en el que pidió licencia en octubre de 2007. Según Romero, los relatores no son funcionalmente asimilables a los secretarios, que es lo que manda la letra de la Carta Magna.
Romero solicitó que, hasta que no sea resuelto el fondo de la cuestión, se dicte una medida cautelar que ordene al Poder Ejecutivo que se abstenga de designar a Sbdar. Hasta anoche, el gobernador José Alperovich no había firmado el decreto correspondiente, que debe ser comunicado a la Corte Suprema para que organice el acto de jura. En teoría este estaba previsto para el martes, a las 12.
Necesario informe
El pedido de la medida cautelar será resuelto por Salvador Ruiz, que está a cargo de la presidencia de la Sala I (el otro vocal es Horacio Castellanos). Antes de tomar una resolución, corresponde requerir el informe previsto por el artículo 21 del Código Procesal Constitucional de la Provincia. Este debe ser dirigido al órgano identificado como autor del agravio que motivó la acción de amparo.
En este caso, a la Legislatura le solicitarán un informe teniendo en cuenta que Romero cuestionó la resolución de la comisión de Peticiones y Acuerdos de la Cámara. Esta, el miércoles, rechazó por extemporánea la impugnación que, por supuesta inhabilidad, Romero había formulado contra el pliego de la abogada en la convicción de que no reunía los requisitos establecidos por la Constitución.
Para poder ser vocal de Corte o ministro fiscal, el artículo 117, inciso “A” exige: “haber cumplido 40 años y tener, por lo menos, 15 años de ejercicio del título en la profesión libre o en la magistratura, o en los Ministerios Fiscal o Pupilar, o en Secretarías judiciales”. Sbdar fue jueza en lo Civil y Comercial entre 1992 y 1993, y desde mayo de este último año, relatora del máximo tribunal, cargo en el que pidió licencia en octubre de 2007. Según Romero, los relatores no son funcionalmente asimilables a los secretarios, que es lo que manda la letra de la Carta Magna.







