En la acción de amparo por la que impugnó judicialmente las condiciones de la abogada Claudia Sbdar para ser vocal de la Corte Suprema de Justicia, el peronista disidente Enrique Romero recordó el caso de la actual camarista penal Ana Lía Castillo de Ayusa.
El 17 de marzo de 1992, la comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura rechazó su pliego (para el mismo cargo que ostenta ahora) porque le faltaban apenas dos meses para acreditar los 10 años de ejercicio profesional (libre, en la judicatura o en una secretaría) exigidos por la Constitución para esa función. Cuando eso sucedió, Castillo de Ayusa era nada menos que secretaria judicial de la propia Corte y poseía 14 años como secretaria en diferentes instancias. Romero sostiene que el cargo de relatora de Corte, que acreditó Sbdar, no es equiparable al de secretaria judicial.
Fundamentos
En el dictamen en disidencia que efectuó, el entonces legislador radical Gumersindo Parajón defendió que Castillo de Ayusa reunía todos los requisitos constitucionales.
Entre sus fundamentos, Parajón resaltó la experiencia. “Además, de las propias actas de la sesión pertinente de la Constitución vigente (léase Convención de 1990) se puede advertir que lo que se quiso privilegiar es la experiencia de quienes se desempeñan como secretarios judiciales”, había señalado hace casi 16 años.
El 17 de marzo de 1992, la comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura rechazó su pliego (para el mismo cargo que ostenta ahora) porque le faltaban apenas dos meses para acreditar los 10 años de ejercicio profesional (libre, en la judicatura o en una secretaría) exigidos por la Constitución para esa función. Cuando eso sucedió, Castillo de Ayusa era nada menos que secretaria judicial de la propia Corte y poseía 14 años como secretaria en diferentes instancias. Romero sostiene que el cargo de relatora de Corte, que acreditó Sbdar, no es equiparable al de secretaria judicial.
Fundamentos
En el dictamen en disidencia que efectuó, el entonces legislador radical Gumersindo Parajón defendió que Castillo de Ayusa reunía todos los requisitos constitucionales.
Entre sus fundamentos, Parajón resaltó la experiencia. “Además, de las propias actas de la sesión pertinente de la Constitución vigente (léase Convención de 1990) se puede advertir que lo que se quiso privilegiar es la experiencia de quienes se desempeñan como secretarios judiciales”, había señalado hace casi 16 años.
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