Para poder ser vocal de la Corte Suprema de Justicia, la Constitución provincial de 1907 exigía a los abogados que tuvieran 30 años y “por lo menos cuatro años de ejercicio en la profesión o en la judicatura”. La Carta Magna de 1990 modificó estos requisitos y pasó a demandar “haber cumplido 40 años y tener por lo menos 15 años de ejercicio del título en la profesión libre, o en la magistratura, o en los Ministerios Fiscal o Popular, o en secretarías judiciales” (artículo 103, inciso “A”). Esta disposición no fue modificada por la reforma de 2006.
Respecto de 1907, la reforma de 1990 retocó prácticamente todas las condiciones requeridas para ocupar cargos en la judicatura o como fiscal o defensor. Esto fue ratificado en 2006. Cuando se discutió la razón de ser de los cambios respecto de las calidades exigidas por el texto de 1907, el entonces convencional León Lohezic (FR) dejó entrever que se buscaba abrir la cúspide de la magistratura (vocalías de la Corte con la referencia a la experiencia en secretarías judiciales), así como la base (fiscalías y defensorías al permitir para el cómputo cualquier empleo judicial anterior) a quienes acreditaran experiencia en Tribunales. “Se establece una suerte de carrera judicial, porque permite al joven, al empleado, que con sacrificio ha estudiado y que se ha recibido, acceder a la judicatura. Y, por otro lado, la Justicia gana porque adquiere o lleva, mejor dicho, a esa persona con experiencia en la práctica judicial. Cuesta mucho a la administración formar y hacer funcionarios”, según el diario de sesiones de 1990.
Respecto de 1907, la reforma de 1990 retocó prácticamente todas las condiciones requeridas para ocupar cargos en la judicatura o como fiscal o defensor. Esto fue ratificado en 2006. Cuando se discutió la razón de ser de los cambios respecto de las calidades exigidas por el texto de 1907, el entonces convencional León Lohezic (FR) dejó entrever que se buscaba abrir la cúspide de la magistratura (vocalías de la Corte con la referencia a la experiencia en secretarías judiciales), así como la base (fiscalías y defensorías al permitir para el cómputo cualquier empleo judicial anterior) a quienes acreditaran experiencia en Tribunales. “Se establece una suerte de carrera judicial, porque permite al joven, al empleado, que con sacrificio ha estudiado y que se ha recibido, acceder a la judicatura. Y, por otro lado, la Justicia gana porque adquiere o lleva, mejor dicho, a esa persona con experiencia en la práctica judicial. Cuesta mucho a la administración formar y hacer funcionarios”, según el diario de sesiones de 1990.
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