Con dos recursos judiciales intentan frenar la asunción

A las 12.45 de ayer, el peronista disidente Enrique Romero dedujo dos acciones judiciales en el afán de bloquear la posibilidad de que Claudia Sbdar asuma como nueva vocal de la Corte Suprema de Justicia. Al dirigente no lo amilanó ni siquiera el hecho de que cuatro horas antes la Legislatura había sesionado sólo para prestarle acuerdo a la abogada.
Romero interpuso una acción de amparo y otra declarativa de certeza, que serán resueltas por las Salas I y II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que integran Horacio Castellanos y Salvador Ruiz, y Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, respectivamente. En ambos casos el argumento fue el mismo: "Sbdar no puede acreditar que cuenta con 15 años de ejercicio del título ni en la profesión libre, ni en la magistratura, ni en los Ministerios Fiscal o Pupilar, ni en secretarías judiciales. Por ello, designarla como vocal de la Corte sería inconstitucional según la propia letra de nuestra Constitución provincial".
En el caso de la acción de amparo, que supone un proceso sumarísimo, el dirigente requirió el dictado de una medida precautoria urgente tendiente a impedir el nombramiento de la letrada, cuya ceremonia de juramento está prevista para el martes, a las 12. "Solicito que, por medio de una medida cautelar de no innovar, se ordene al Poder Ejecutivo que, mientras dure este proceso, suspenda la designación de Sbdar y que se abstenga de confeccionar decreto alguno", reclamó en el escrito que presentó con el patrocinio del abogado Ezequiel Avila Gallo (h).

Apelar a la historia
Romero hizo eje en que la función que ejerció Sbdar como relatora de la Corte Suprema entre mayo de 1993 y octubre de 2007, cuando pidió licencia, no es equiparable a la de secretaria judicial, que exige el artículo 117, inciso "A" de la Carta Magna. Reiteró que los relatores asesoran a los vocales del alto tribunal, fundamentalmente en el estudio de las causas que llegan a su conocimiento y en la recopilación de jurisprudencia. "Pero en ningún momento la Ley Orgánica de Tribunales les atribuye función jurisdiccional ni la de funcionario -entiéndase la de secretario-; tampoco integran los Círculos de Magistrados o de Funcionarios, porque no pueden equipararse ni a unos ni a otros", subrayó.
En los escritos, Romero destacó que los requisitos exigidos por el actual artículo 117, inciso "A" fueron introducidos por la reforma de 1990 (y ratificados por la de 2006). También recordó que a la importancia de la posibilidad brindada a los secretarios judiciales -para que puedan acceder a la judicatura- la defendió el entonces convencional León Lohezic (FR) como una forma de reafirmar la carrera judicial (Ver "En la reforma..."). "En el supuesto de prosperar la designación de Sbdar se violaría esto por cuanto supondría que ninguno de los jueces de mérito -entiéndase vocales de Cámara ni el propio ministro fiscal- son aptos para ser vocales de Corte. ¿Qué sentido tiene, entonces, la carrera judicial? ¿Qué mérito tiene una relatora con escasa experiencia tribunalicia?", preguntó en la segunda acción por la que pretende que se declare que la postulante no reúne los requisitos constitucionales.