La primera impresión fue de satisfacción. Pero la segunda fue la desazón. Ayer, las entidades intermedias y los ciudadanos autoconvocados en defensa del patrimonio provincial confirmaron la realización esta noche de la 13a marcha alrededor de la plaza Independencia.
Si bien el Poder Ejecutivo resolvió resguardar los edificios de Rentas (Maipú y San Martín), del Siprosa (Mendoza y Rivadavia) y de la Secretaría de Educación (avenida Sarmiento al 800), la posibilidad de que sean vendidas las históricas construcciones de San Martín 730 (ex Dirección de Comercio) y de avenida Sarmiento y Muñecas (ex Brigada) mantiene en alerta a los organizadores de la cruzada “Tucumán no se vende”.
En un documento conjunto, la Junta de Estudios Históricos de Tucumán, la Federación Económica de Tucumán y demás organizaciones convocantes reclamaron a legisladores que, durante la sesión de hoy, deroguen la Ley 7.990. Mediante la norma, aprobada el 20 de diciembre, se desafectaron inmuebles del patrimonio para permitir su enajenación. En cambio, el dictamen que avalará el oficialismo en el recinto sólo retorna al sistema de protección del Estado a los edificios de Rentas, de Educación y del Siprosa. “Las medidas que adoptará la Legislatura dejan sin protección legal a dos edificios del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de San Miguel de Tucumán y resultan una acción retaceada e incompleta, por lo que subsisten las causas que motivaron nuestras marchas”, alerta el texto.
Exigen la vigencia irrestricta de las leyes 7.500 y 7.535 (Protección del Patrimonio). Cabe recordar que hay dos proyectos legislativos, impulsados por la UCR y por FR, con ese propósito.
Si bien el Poder Ejecutivo resolvió resguardar los edificios de Rentas (Maipú y San Martín), del Siprosa (Mendoza y Rivadavia) y de la Secretaría de Educación (avenida Sarmiento al 800), la posibilidad de que sean vendidas las históricas construcciones de San Martín 730 (ex Dirección de Comercio) y de avenida Sarmiento y Muñecas (ex Brigada) mantiene en alerta a los organizadores de la cruzada “Tucumán no se vende”.
En un documento conjunto, la Junta de Estudios Históricos de Tucumán, la Federación Económica de Tucumán y demás organizaciones convocantes reclamaron a legisladores que, durante la sesión de hoy, deroguen la Ley 7.990. Mediante la norma, aprobada el 20 de diciembre, se desafectaron inmuebles del patrimonio para permitir su enajenación. En cambio, el dictamen que avalará el oficialismo en el recinto sólo retorna al sistema de protección del Estado a los edificios de Rentas, de Educación y del Siprosa. “Las medidas que adoptará la Legislatura dejan sin protección legal a dos edificios del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de San Miguel de Tucumán y resultan una acción retaceada e incompleta, por lo que subsisten las causas que motivaron nuestras marchas”, alerta el texto.
Exigen la vigencia irrestricta de las leyes 7.500 y 7.535 (Protección del Patrimonio). Cabe recordar que hay dos proyectos legislativos, impulsados por la UCR y por FR, con ese propósito.







