Ponderan la decisión del PE de resguardar inmuebles históricos

El anuncio del gobernador José Alperovich de que dará marcha atrás con la venta de edificios de alto valor histórico y cultural fue bien recibido por los referentes de las entidades intermedias y de los ciudadanos autoconvocados que, desde el 21 de diciembre, marchan una vez por semana en el afán de reclamar la conservación del patrimonio provincial.
En efecto, los organizadores de las movilizaciones autodenominadas "Tucumán no se vende" ponderaron el cambio de opinión del Gobierno respecto de la situación de tres inmuebles centenarios: el de Rentas (San Martín y Maipú), el de la ex Secretaría de Educación (avenida Sarmiento y Salta) y el del Siprosa (Mendoza y Rivadavia). No obstante, expusieron sus reservas respecto del destino que se dará a otro local céntrico, el de San Martín 730. Esta es el única construcción que no será reincorporada al Sistema de Protección del Patrimonio Cultural previsto por la Ley 7.535, según el proyecto de ley que votará el oficialismo en la sesión de mañana (Ver "La protección no...")
"Estamos evaluando qué hacer", aseveró uno de los referentes de los ciudadanos autoconvocados, Juan Carlos Correa Dupuy, cuando se le consultó respecto de la continuidad de las movilizaciones de los viernes. Una alternativa, para cerrar las marchas, es concretar un acto en la plaza Independencia. No obstante, se mostró exultante por lo logrado luego de 12 manifestaciones públicas. "Solo tengo palabras de agradecimiento para los miles de tucumanos que entendieron el mensaje, que entendieron que el patrimonio es de todos y que todos nos merecemos nuestra identidad. Se tomó conciencia de que la historia y el patrimonio nos involucran a todos", enfatizó.
Una alegría similar dejó traslucir Teresa Piossek Prebisch (Junta de Estudios Históricos) en diálogo con LA GACETA. "Es un paso adelante y positivo, porque demuestra que el Gobierno se dio cuenta de la fuerza de la opinión pública, que existen valores patrimoniales en una comunidad y que la gente los quiere conservar. De todas formas, vamos a esperar a ver qué resuelve la Legislatura", dijo la licenciada.
"Es algo inesperado. Es bueno reflexionar y aceptar el error cuando uno se equivoca frente a una reacción espontánea de la ciudadanía", aseveró Jorgelina García Azcárate, que debió renunciar en enero a la Dirección de Patrimonio Cultural por haber participado de las marchas. Pablo Parolo también dimitió a su cargo de director de Teatro del Ente Cultural de Tucumán, en oposición a la decisión oficial. "Es una muy buena noticia, fue un triunfo de la movilización popular. Es de esperar que esto sirva a los gobernantes para abrir canales de diálogo con organizaciones y referentes ciudadanos expertos en cada área", planteó.