Preocupa la cantidad de mujeres golpeadas que retiran la denuncia
Hace pocas semanas, una mujer que fue baleada por su marido se retractó de sus acusaciones. Advierten que esta situación es muy común y que en ella influyen los abogados y el personal policial y judicial. El miedo a no poder mantener a los hijos.
11 Marzo 2008 Seguir en 
La presidenta de una ONG que nuclea a víctimas de la violencia familiar solicitó a la Justicia que investigue los motivos que llevaron a una mujer que fue baleada por su marido a levantar su denuncia, hace pocas semanas.
La determinación de Nancy Verónica Quinteros de retractarse de sus acusaciones por las agresiones que sufrió no resulta sorprendente, según denunció Regina Perea, titular de Asociación Atenea, porque es asombrosa la cantidad de víctimas que regularmente retiran los cargos contra su agresor, en nuestra provincia.
"Es una realidad preocupante que además nos lleva a preguntarnos por los motivos. Desde que la mujer inicia el camino de salida de la violencia, comienza a transitar por una serie de instituciones y organismos del Estado donde se encuentra con empleados que intentan hacerla desistir de continuar el proceso, interponiendo una serie de argumentos que terminan asustándola", manifestó Perea.
En este sentido, la dirigente responsabiliza no sólo al personal policial y judicial, sino también a los abogados que suelen aconsejar a las víctimas que retiren los cargos, a fin de llegar a un acuerdo con el agresor, por motivos que seguramente no escapan a sus intereses personales.
"Sin lugar a dudas hay cuestiones de orden interno que llevan a la mujer a tomar esta determinación, como por ejemplo el hecho de tener esperanzas de que el agresor cambie, al ver su aparente arrepentimiento -agregó Perea-. Pero convengamos que esta idea generalmente está sostenida por líderes religiosos, convencidos de que el agresor puede cambiar introduciéndolo en la fe, o por profesionales que consideran que la violencia puede curarse modificando pautas culturales".
Perea recordó que la mujer víctima también se aviene a mantener el vínculo con el agresor para no privar a los niños de los recursos que el hombre le provee (vivienda, alimentos, educación, etcétera).
"En nuestra provincia el poder judicial no asegura a las víctimas de violencia familiar una pensión alimentaria que cubra ni siquiera las necesidades básicas de los niños, en muchos casos -dijo-. A tal punto llega esta indefensión, que una mujer baleada y en riesgo de muerte se ve obligada a decir que mintió, aceptando que todos la señalen como una farsante por haber realizado una falsa declaración o bien como cobarde al no sostener su denuncia".
La determinación de Nancy Verónica Quinteros de retractarse de sus acusaciones por las agresiones que sufrió no resulta sorprendente, según denunció Regina Perea, titular de Asociación Atenea, porque es asombrosa la cantidad de víctimas que regularmente retiran los cargos contra su agresor, en nuestra provincia.
"Es una realidad preocupante que además nos lleva a preguntarnos por los motivos. Desde que la mujer inicia el camino de salida de la violencia, comienza a transitar por una serie de instituciones y organismos del Estado donde se encuentra con empleados que intentan hacerla desistir de continuar el proceso, interponiendo una serie de argumentos que terminan asustándola", manifestó Perea.
En este sentido, la dirigente responsabiliza no sólo al personal policial y judicial, sino también a los abogados que suelen aconsejar a las víctimas que retiren los cargos, a fin de llegar a un acuerdo con el agresor, por motivos que seguramente no escapan a sus intereses personales.
"Sin lugar a dudas hay cuestiones de orden interno que llevan a la mujer a tomar esta determinación, como por ejemplo el hecho de tener esperanzas de que el agresor cambie, al ver su aparente arrepentimiento -agregó Perea-. Pero convengamos que esta idea generalmente está sostenida por líderes religiosos, convencidos de que el agresor puede cambiar introduciéndolo en la fe, o por profesionales que consideran que la violencia puede curarse modificando pautas culturales".
Perea recordó que la mujer víctima también se aviene a mantener el vínculo con el agresor para no privar a los niños de los recursos que el hombre le provee (vivienda, alimentos, educación, etcétera).
"En nuestra provincia el poder judicial no asegura a las víctimas de violencia familiar una pensión alimentaria que cubra ni siquiera las necesidades básicas de los niños, en muchos casos -dijo-. A tal punto llega esta indefensión, que una mujer baleada y en riesgo de muerte se ve obligada a decir que mintió, aceptando que todos la señalen como una farsante por haber realizado una falsa declaración o bien como cobarde al no sostener su denuncia".
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