“La norma en cuestión tiene más relación con una pena o sanción atípica que con el acceso a la justicia”. Esto aseguró ayer con firmeza Luis Emilio Rodríguez Vaquero, apoderado del Colegio de Abogados, en el escrito por medio del cual cuestionó la constitucionalidad de la Ley 7.993. Esta difiere para el momento previo al dictado de la sentencia el pago de los bonos profesionales que los letrados tradicionalmente abonaban al iniciar un proceso judicial.
La demanda recayó en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que integran Salvador Ruiz y Horacio Castellanos. Rodríguez Vaquero solicitó que, hasta que sea resuelto el fondo de la cuestión, se dicte una medida cautelar que impida la ejecución de la norma. “De lo contrario, se causará un daño inminente por no poder sostenerse económicamente el Colegio de Abogados para atender los gastos de personal, del consultorio jurídico gratuito y demás servicios que presta”, dijo.
Desde que la ley fue sancionada a fines del año pasado, las autoridades de la institución advirtieron que la norma constituía una suerte de vendetta contra la causa que promovió la entidad y, como consecuencia de la cual, fueron declarados nulos e inconstitucionales varios artículos de la Constitución reformada en 2006.
Un verdadero ataque
Rodríguez Vaquero insistió en la idea. “Esta sanción de la Legislatura constituye lisa y llanamente una arbitrariedad, un ejercicio abusivo del poder para el que fue elegido el legislador y que no tiende al bien común, pues, precisamente, lo ataca”, aseveró.
El letrado subrayó que la norma busca desfinanciar a la institución. “Este diferimiento provoca un grave déficit, ya que es notorio que jamás se puede determinar fehacientemente cuando un expediente judicial estará en condiciones de que se dicte sentencia. Es claro que el tiempo es incierto; por lo tanto los es también el ingreso en concepto de patente profesional (léase bono) para el Colegio”, esgrimió.
El abogado alertó que está en peligro la existencia misma de la entidad. “El ingreso por vía de recaudación de los bonos profesionales (que paga el abogado, no el cliente) representa casi el 70% de sus ingresos anuales”, recordó.
La demanda recayó en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que integran Salvador Ruiz y Horacio Castellanos. Rodríguez Vaquero solicitó que, hasta que sea resuelto el fondo de la cuestión, se dicte una medida cautelar que impida la ejecución de la norma. “De lo contrario, se causará un daño inminente por no poder sostenerse económicamente el Colegio de Abogados para atender los gastos de personal, del consultorio jurídico gratuito y demás servicios que presta”, dijo.
Desde que la ley fue sancionada a fines del año pasado, las autoridades de la institución advirtieron que la norma constituía una suerte de vendetta contra la causa que promovió la entidad y, como consecuencia de la cual, fueron declarados nulos e inconstitucionales varios artículos de la Constitución reformada en 2006.
Un verdadero ataque
Rodríguez Vaquero insistió en la idea. “Esta sanción de la Legislatura constituye lisa y llanamente una arbitrariedad, un ejercicio abusivo del poder para el que fue elegido el legislador y que no tiende al bien común, pues, precisamente, lo ataca”, aseveró.
El letrado subrayó que la norma busca desfinanciar a la institución. “Este diferimiento provoca un grave déficit, ya que es notorio que jamás se puede determinar fehacientemente cuando un expediente judicial estará en condiciones de que se dicte sentencia. Es claro que el tiempo es incierto; por lo tanto los es también el ingreso en concepto de patente profesional (léase bono) para el Colegio”, esgrimió.
El abogado alertó que está en peligro la existencia misma de la entidad. “El ingreso por vía de recaudación de los bonos profesionales (que paga el abogado, no el cliente) representa casi el 70% de sus ingresos anuales”, recordó.







