Aunque el Gobierno insiste en negar que es cosa juzgada, el eventual incremento de hasta el 20% que recibirían los estatales agitó el ánimo de algunos dirigentes sindicales. Ante una consulta de LA GACETA, todos los referentes coincidieron en asegurar que el incremento debe repercutir en el salario básico y debe tener carácter remunerativo y bonificable, para que los futuros pasivos se beneficien.
Los sindicalistas mencionaron particularidades a la hora de efectuar planteos, pero dejaron en claro que el incremento salarial no puede abonarse en negro.
Martín Rodríguez (Asociación de Trabajadores del Estado) dijo que la suba del 20% no puede considerarse una propuesta formal, puesto que el Gobierno aun no los convocó a dialogar. Empero, rechazó de plano el posible incremento de $ 80 que se deslizó desde el área económica del Gobierno. Además, el dirigente condicionó el diálogo al hecho de que el PE reconozca a las organizaciones sindicales, en clara referencia al sindicato de Vialidad, cuya cúpula mantiene cruces con Raúl Basilio, interventor del área. La exigencia de un aumento retroactivo quedó supeditada, según dijo el referente de ATE, a la dinámica de la negociación. "Hay gremios en el orden nacional que acordaron aumentos escalonados hasta setiembre; eso es inadmisible", afirmó.
En representación de la Unión del Personal Civil de la Nación, Luis Albornoz, también advirtió que el Gobierno no los convocó. "Para decir si el incremento está bien o no hay que tener en cuenta el aumento que sufrieron los servicios, los impuestos y las canastas familiar y escolar. Entendemos que la mejora debería ser remunerativa y bonificable, y está claro que tiene que ir al básico", sintetizó. El secretario Adjunto de la seccional local de UPCN reconoció que exigirán que la suma sea de carácter retroactivo a la fecha desde la cual la Nación otorgó el incremento.
El dirigente de la sanidad, René Ramírez, por su parte, puso énfasis en el pago de las horas extras al sector. El secretario general de ATSA frunció el ceño y fue rotundo: "la mejora debe ser en el básico, remunerativa y bonificable; no hay otra alternativa". Sin embargo, no exigirá que el aumento salarial sea retroactivo. "Somos coherentes con lo que planteamos a nivel nacional: si se arregló que fuera a partir de marzo, que sea a partir de marzo", manifestó.
Una burla
La creciente inflación fue el punto más cuestionado por Vicente Ruiz. El dirigente de los municipales del interior aseveró que una mejora del 20% ya quedó absorbida por el incremento en el costo de vida. "Es una burla: no cubre ni el 10% del poder adquisitivo que hemos perdido. Debe ser mucho más, en el básico, remunerativo, bonificable y desde enero", desafió.
El ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, dijo que el aumento no está cerrado (ver "No hay nada...") y pidió mesura en el tratamiento del tema.
Los sindicalistas mencionaron particularidades a la hora de efectuar planteos, pero dejaron en claro que el incremento salarial no puede abonarse en negro.
Martín Rodríguez (Asociación de Trabajadores del Estado) dijo que la suba del 20% no puede considerarse una propuesta formal, puesto que el Gobierno aun no los convocó a dialogar. Empero, rechazó de plano el posible incremento de $ 80 que se deslizó desde el área económica del Gobierno. Además, el dirigente condicionó el diálogo al hecho de que el PE reconozca a las organizaciones sindicales, en clara referencia al sindicato de Vialidad, cuya cúpula mantiene cruces con Raúl Basilio, interventor del área. La exigencia de un aumento retroactivo quedó supeditada, según dijo el referente de ATE, a la dinámica de la negociación. "Hay gremios en el orden nacional que acordaron aumentos escalonados hasta setiembre; eso es inadmisible", afirmó.
En representación de la Unión del Personal Civil de la Nación, Luis Albornoz, también advirtió que el Gobierno no los convocó. "Para decir si el incremento está bien o no hay que tener en cuenta el aumento que sufrieron los servicios, los impuestos y las canastas familiar y escolar. Entendemos que la mejora debería ser remunerativa y bonificable, y está claro que tiene que ir al básico", sintetizó. El secretario Adjunto de la seccional local de UPCN reconoció que exigirán que la suma sea de carácter retroactivo a la fecha desde la cual la Nación otorgó el incremento.
El dirigente de la sanidad, René Ramírez, por su parte, puso énfasis en el pago de las horas extras al sector. El secretario general de ATSA frunció el ceño y fue rotundo: "la mejora debe ser en el básico, remunerativa y bonificable; no hay otra alternativa". Sin embargo, no exigirá que el aumento salarial sea retroactivo. "Somos coherentes con lo que planteamos a nivel nacional: si se arregló que fuera a partir de marzo, que sea a partir de marzo", manifestó.
Una burla
La creciente inflación fue el punto más cuestionado por Vicente Ruiz. El dirigente de los municipales del interior aseveró que una mejora del 20% ya quedó absorbida por el incremento en el costo de vida. "Es una burla: no cubre ni el 10% del poder adquisitivo que hemos perdido. Debe ser mucho más, en el básico, remunerativo, bonificable y desde enero", desafió.
El ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, dijo que el aumento no está cerrado (ver "No hay nada...") y pidió mesura en el tratamiento del tema.
Algunas cifras
74.000
empleados registrados son los que integran la plantilla del PE.
18.000
de estos son con los que, según el Gobierno, aun falta acordar.
36.000
trabajadores de municipios y comunas entran en el acuerdo.
74.000
empleados registrados son los que integran la plantilla del PE.
18.000
de estos son con los que, según el Gobierno, aun falta acordar.
36.000
trabajadores de municipios y comunas entran en el acuerdo.
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