En el Tribunal de Cuentas (TC) están convencidos de que hubo irregularidades en la contratación de personal en la comuna rural de El Chañar. Por esa razón, mediante la acordada 505/08, el organismo de control dispuso el inicio de un juicio de responsabilidad en contra del ex comisionado de esa localidad, Enrique Ignacio Robles, a fin de determinar si durante su gestión se produjo algún daño pecuniario en perjuicio del Estado.
“De las declaraciones informativas efectuadas por Andrea Patricia Gutiérrez y por Osvaldo Javier Calella surge en forma indubitable que estas personas nunca cumplieron funciones ni prestaron servicios, bajo ninguna forma jurídica, lo que resulta contradictorio con los instrumentos jurídicos agregados”, sostiene el acuerdo firmado el 28 de febrero por el presidente del TC, Miguel Terraf, y por el vocal, Marcelo Vidal.
El escándalo por la presunta designación irregular de personal en la comuna de El Chañar fue dado a conocer por LA GACETA en enero de 2007 y derivó en la intervención de esa delegación rural por parte del Poder Ejecutivo. El caso contra el ex delegado comunal también llegó a Tribunales a raíz de una presentación de Ramón Antonio Ablanedo. Este denunció ante la Justicia que realizaba tareas de albañilería en la casa del comisionado y en la de la madre. A cambio -afirmó- cobraba en negro $ 150, mientras -sin saberlo- figuraba como personal contratado por montos varias veces superiores.
Por esa causa, Robles estuvo detenido entre el 23 de enero y el 20 de abril de 2007, tras lo cual recuperó la libertad, aunque sigue procesado por la Justicia. Paralelamente, Ablanedo también requirió al Tribunal de Cuentas que inicie una investigación administrativa.
“Del análisis de las actuaciones se deduce que se ha corroborado la existencia de algunas de las circunstancias fácticas que originaron la sustanciación de la presente comprobación sumaria, puntualmente la irregular designación de personal en la comuna y su correspondiente liquidación de haberes; por lo que surge la posible existencia de daño patrimonial al erario provincial, resultando presuntos responsables del mismo los señores Enrique Ignacio Robles y María Argelia Robles, ex Comisionado y ex secretaria habilitada de la comuna”, aclara el organismo.
A pesar de los cuestionamientos, Robles buscó su reelección en el cargo en los comicios de agosto de 2007, pero el pueblo le dio la espalda. Sin embargo, al poco tiempo encontró cobijo en la estructura del Poder Ejecutivo. Mediante el decreto 558 del 19 de noviembre de 2007, fue designado como personal de gabinete en el Ministerio de Gobierno.
“De las declaraciones informativas efectuadas por Andrea Patricia Gutiérrez y por Osvaldo Javier Calella surge en forma indubitable que estas personas nunca cumplieron funciones ni prestaron servicios, bajo ninguna forma jurídica, lo que resulta contradictorio con los instrumentos jurídicos agregados”, sostiene el acuerdo firmado el 28 de febrero por el presidente del TC, Miguel Terraf, y por el vocal, Marcelo Vidal.
El escándalo por la presunta designación irregular de personal en la comuna de El Chañar fue dado a conocer por LA GACETA en enero de 2007 y derivó en la intervención de esa delegación rural por parte del Poder Ejecutivo. El caso contra el ex delegado comunal también llegó a Tribunales a raíz de una presentación de Ramón Antonio Ablanedo. Este denunció ante la Justicia que realizaba tareas de albañilería en la casa del comisionado y en la de la madre. A cambio -afirmó- cobraba en negro $ 150, mientras -sin saberlo- figuraba como personal contratado por montos varias veces superiores.
Por esa causa, Robles estuvo detenido entre el 23 de enero y el 20 de abril de 2007, tras lo cual recuperó la libertad, aunque sigue procesado por la Justicia. Paralelamente, Ablanedo también requirió al Tribunal de Cuentas que inicie una investigación administrativa.
“Del análisis de las actuaciones se deduce que se ha corroborado la existencia de algunas de las circunstancias fácticas que originaron la sustanciación de la presente comprobación sumaria, puntualmente la irregular designación de personal en la comuna y su correspondiente liquidación de haberes; por lo que surge la posible existencia de daño patrimonial al erario provincial, resultando presuntos responsables del mismo los señores Enrique Ignacio Robles y María Argelia Robles, ex Comisionado y ex secretaria habilitada de la comuna”, aclara el organismo.
A pesar de los cuestionamientos, Robles buscó su reelección en el cargo en los comicios de agosto de 2007, pero el pueblo le dio la espalda. Sin embargo, al poco tiempo encontró cobijo en la estructura del Poder Ejecutivo. Mediante el decreto 558 del 19 de noviembre de 2007, fue designado como personal de gabinete en el Ministerio de Gobierno.







