Se empantana el proceso de expropiación de un edificio

En lugar de llevar claridad, la decisión del Gobierno de expropiar el edificio en el que funcionó el hotel Corona empantana la situación cada día más. Ayer, el abogado de la familia de Miguel Mejail, Daniel Erimbaue, que reclama la propiedad del inmueble, interpuso un recurso de aclaratoria contra un oficio librado por la jueza de la VII Nominación en lo Civil y Comercial Común, Nilda Dalla Fontana. Esta solicitó el jueves al Poder Ejecutivo que efectúe el depósito judicial de los fondos en ese juzgado, a orden de la quiebra de Inmobiliaria Noroeste SA.
Erimbaue recordó que la ley sancionada por la Legislatura y publicada el jueves en el Boletín Oficial de la Provincia no hace mención a titularidad del dominio del inmueble. "La ley no dice eso. El ex hotel Corona jamás podría integrar el activo de Inmobiliaria Noroeste. Fue vendido a la familia Mejail", planteó el letrado, que recordó que cuenta con cinco resoluciones favorables para la familia Mejail. Por ello, según explicó, interpusieron el recurso de aclaratoria (sirve contra las sentencias y las providencias simples, a fin de que el tribunal que las haya dictado las corrija, aclare o supla cualquier omisión). Cabe recordar que la Ley 8.003, en su artículo primero, sólo declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en calle 24 de Septiembre 498, "de propiedad de quien resulte ser su legítimo titular de dominio".
Paralelamente, el patrocinante de la sucesión de Miguel Mejail adelantó que hoy presentará un escrito en Tribunales, con el objeto de que el depósito de fondos correspondientes a la expropiación se concrete en el juzgado de la V Nominación de Familia y Sucesiones, a cargo de Ester Julieta Valderrábamo. Allí se encuentran radicados los papeles de la sucesión.
Erimbaue se mostró sorprendido por la celeridad que se imprimió al proceso de expropiación del edificio emplazado en la esquina de 24 de Septiembre y 9 de Julio. No obstante, para que la Provincia pueda concretar el depósito judicial de los fondos deben cumplirse algunos recaudos previstos por la Ley 8.003. El más importante es la conformación de la comisión de tasación que dictaminará sobre el valor que tendría el inmueble.