Los dirigentes de la Asociación de Magistrados se reunieron esta mañana con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia en busca de una solución para el conflicto que produjo la polémica acordada 972 , que dispuso jerarquizaciones e incrementos salariales selectivos.
Después del encuentro, que duró una hora, la presidenta de la Asociación, Marta Jerez de Rivadeneira, informó de manera muy escueta que se le pidió a la Corte la rejerarquización de todos los magistrados, pero que los miembros del Tribunal no llegaron a un acuerdo al respecto.
La dirigente manifestó que la acordada continúa en vigencia.
Generar confianza
Por medio de la acordada 972, la Corte Suprema de Justicia benefició selectivamente a los relatores del máximo tribunal (“senior” y “junior”), a ciertos funcionarios, a los secretarios privados de los cinco vocales y a ocho profesionales que integran cuerpos de apoyo que no cumplen tareas específicamente jurisdiccionales sino relacionadas con recursos humanos, estadística, control de gestión, sistemas, presupuesto, entre otras.
Esto último fue lo más cuestionado por los tres estamentos que conforman el Poder Judicial (magistrados, funcionarios y empleados). Sin embargo, en la Corte consideran que, aunque no cumplan funciones específicas, estos cobraron gran relevancia en los últimos años.
La protesta en rechazo de la medida tomó diversas metodologías. Aplausos espontáneos, abrazo simbólico al Palacio de Tribunales, quite de colaboración y hasta la latente amenaza de un paro de los funcionarios.
En el tribunal circulaba la idea de dejar sin efecto la polémica decisión, para destrabar el conflicto. La medida apunta a dos objetivos: restablecer el principio de autoridad hacia adentro y generar la confianza de la sociedad. LA GACETA.com ©
Después del encuentro, que duró una hora, la presidenta de la Asociación, Marta Jerez de Rivadeneira, informó de manera muy escueta que se le pidió a la Corte la rejerarquización de todos los magistrados, pero que los miembros del Tribunal no llegaron a un acuerdo al respecto.
La dirigente manifestó que la acordada continúa en vigencia.
Generar confianza
Por medio de la acordada 972, la Corte Suprema de Justicia benefició selectivamente a los relatores del máximo tribunal (“senior” y “junior”), a ciertos funcionarios, a los secretarios privados de los cinco vocales y a ocho profesionales que integran cuerpos de apoyo que no cumplen tareas específicamente jurisdiccionales sino relacionadas con recursos humanos, estadística, control de gestión, sistemas, presupuesto, entre otras.
Esto último fue lo más cuestionado por los tres estamentos que conforman el Poder Judicial (magistrados, funcionarios y empleados). Sin embargo, en la Corte consideran que, aunque no cumplan funciones específicas, estos cobraron gran relevancia en los últimos años.
La protesta en rechazo de la medida tomó diversas metodologías. Aplausos espontáneos, abrazo simbólico al Palacio de Tribunales, quite de colaboración y hasta la latente amenaza de un paro de los funcionarios.
En el tribunal circulaba la idea de dejar sin efecto la polémica decisión, para destrabar el conflicto. La medida apunta a dos objetivos: restablecer el principio de autoridad hacia adentro y generar la confianza de la sociedad. LA GACETA.com ©







