Marzo promete ser un mes crucial para el cauce que pueda tomar la relación entre los gremios estatales y el Poder Ejecutivo. En un plenario realizado en la zona de El Cadillal, los referentes del Frente de Gremios Estatales expusieron su malestar por la falta de respuestas del gobernador, José Alperovich, a sus reclamos salariales.
Durante el encuentro concretado en el camping de Atsa, representantes de la sanidad, de la Asociación de Trabajadores del Estado, de la Central de Trabajadores Argentinos, de Vialidad y de los sindicatos municipales de la capital y del interior acordaron permanecer en estado de alerta, y convocar a un plenario general para los primeros días del próximo mes.
El frente gremial planteó su malestar por la falta de convocatoria del Gobierno a analizar reivindicaciones salariales para los empleados públicos. Cabe recordar que el propio ministro de Economía, Jorge Jiménez, había advertido públicamente que la Provincia no está en condiciones de otorgar a los estatales un 30% de mejora en sus ingresos. "El poder adquisitivo de los estatales está por el piso a raíz de esta espiral inflacionaria que no se detiene, sumado a los aumentos dispuestos en los impuestos y en las tarifas de servicios públicos que dispuso el Gobierno", sostuvo el dirigente de ATE, Luis Arroyo. El sindicalista también objetó que el PE no haya pagado aún las asignaciones familiares adeudadas de julio, agosto y setiembre ($ 28 por hijo y por cada mes), como así tampoco a la prometida titularización de los empleados contratados.
El panorama trazado durante la reunión sindical fue crudo: un empleado público que reviste la categoría 15 del escalafón (la más baja) percibe un básico de $ 274 y entre $ 700 y $ 800 de bolsillo, según dijeron. "Es irrisorio, teniendo en cuenta que el costo de la canasta básica en la provincia está entre $ 2.000 y $ 2.500", lanzó Arroyo.
Durante el encuentro concretado en el camping de Atsa, representantes de la sanidad, de la Asociación de Trabajadores del Estado, de la Central de Trabajadores Argentinos, de Vialidad y de los sindicatos municipales de la capital y del interior acordaron permanecer en estado de alerta, y convocar a un plenario general para los primeros días del próximo mes.
El frente gremial planteó su malestar por la falta de convocatoria del Gobierno a analizar reivindicaciones salariales para los empleados públicos. Cabe recordar que el propio ministro de Economía, Jorge Jiménez, había advertido públicamente que la Provincia no está en condiciones de otorgar a los estatales un 30% de mejora en sus ingresos. "El poder adquisitivo de los estatales está por el piso a raíz de esta espiral inflacionaria que no se detiene, sumado a los aumentos dispuestos en los impuestos y en las tarifas de servicios públicos que dispuso el Gobierno", sostuvo el dirigente de ATE, Luis Arroyo. El sindicalista también objetó que el PE no haya pagado aún las asignaciones familiares adeudadas de julio, agosto y setiembre ($ 28 por hijo y por cada mes), como así tampoco a la prometida titularización de los empleados contratados.
El panorama trazado durante la reunión sindical fue crudo: un empleado público que reviste la categoría 15 del escalafón (la más baja) percibe un básico de $ 274 y entre $ 700 y $ 800 de bolsillo, según dijeron. "Es irrisorio, teniendo en cuenta que el costo de la canasta básica en la provincia está entre $ 2.000 y $ 2.500", lanzó Arroyo.







