En la Corte ahora evalúan la derogación de una acordada

Magistrados, funcionarios y empleados judiciales quizás reciban mañana una buena noticia. En la Corte Suprema de Justicia analizan seriamente la posibilidad de derogar la acordada Nº 972, que tanta polémica generó durante esta semana, y de reemplazarla por otra. Mañana, uno de los vocales comenzará a hacer circular un borrador en ese sentido, en el afán de desactivar el conflicto. La medida persigue una doble finalidad: restablecer el principio de autoridad puertas adentro y, hacia afuera, ganar la confianza de la sociedad, fundamentalmente porque el alto tribunal deberá resolver causas de gran trascendencia institucional, como las vinculadas a la reforma de la Constitución provincial.
La acordada (el único de los cinco vocales que no la firmó es René Goane) generó irritación, porque dispuso aumentos salariales y jerarquizaciones o encasillamientos selectivos. Lo que más enojo causó fue el hecho de que ocho profesionales (la mayoría no son abogados) que dirigen los cuerpos de apoyo (sistemas, recursos humanos, presupuesto, etcétera) fueron equiparados a secretarios de Corte con un sueldo básico de $ 4.071.
En el alto tribunal consideran que esos cuerpos de apoyo, si bien no cumplen tareas jurisdiccionales propiamente, han cobrado mucha relevancia durante los últimos años. No obstante, luego de los cuestionamientos recibidos, algunos vocales consideran que, aunque deben estar comprendidos en el Anexo “A” del Acta Complementaria suscripta con la Nación, para poder acceder en el futuro al beneficio previsional del 82% móvil, tienen que estar encasillados en un cargo y con un básico más bajo.
“La idea es que, si uno se equivoca, debe dar marcha atrás. Es lo conveniente, además de lo correcto”, afirmó ayer a LA GACETA una fuente próxima al alto tribunal.

Los pro y los contra
El único obstáculo para la decisión de dar marcha atrás es la posible afectación de derechos adquiridos por parte de los beneficiados, porque la acordada suscripta el 27 de diciembre establecía que sus disposiciones debían hacerse efectivas desde el 1º de enero de este año. No obstante, contra este argumento se levanta el de que entre los favorecidos figuran personas muy próximas funcionalmente a los cinco vocales, como los relatores “junior” y “senior”, y hasta sus propios secretarios privados (estos, desde la categoría de jefes de despacho fueron reagrupados en la de prosecretarios judiciales “C”).
Para rever la disposición anterior en la Corte también tienen en miras el cercano antecedente de la Universidad Nacional de Tucumán. En octubre, luego de un conflictivo proceso, el rector, Juan Cerisola, homologó el acuerdo alcanzado por una comisión paritaria local, con lo que se dejó sin efecto el primer reencasillamiento que se había efectuado siguiendo los parámetros nacionales, que fueron considerados perjudiciales por la mayoría de los empleados no docentes de la casa de estudios.
Mañana será un día clave. Los primeros que recibirán noticia de la Corte en pleno (ya regresaron de Buenos Aires el presidente Antonio Gandur y el vocal Antonio Estofán) serán los miembros de la comisión directiva de la Asociación de Magistrados, a los que recibirán en el alto tribunal a las 9.30. A las 11, los funcionarios celebrarán una asamblea en la que, seguramente, si de la Corte reciben buenas señales, dejarán en suspenso la decisión (resuelta el jueves) de no ingresar a trabajar el martes.