El primer fallo por los saqueos de 2001 concluyó que la Policía hizo lo que pudo

Ricardo Fares y su esposa tenían un miniservice ("Facu") en calle Italia 1.757. En la madrugada del 20 de diciembre de 2001, fueron víctimas de los saqueos que asolaron al país. Además de la mercadería, perdieron muebles de uso de gran valor: un televisor, dos heladeras de pie, una tipo mostrador, la batea para los lácteos, góndolas, estanterías, ventiladores de techo, una caja registradora, un pasa-paquete, el escáner que sirve para decodificar el precio de los productos y sanitarios. Como consecuencia, el comerciante (hoy tiene 43 años) devino en desocupado y su esposa inició una acción de daños y perjuicios contra la Provincia en reclamo de una indemnización de 81.284 pesos o dólares (aún regía la convertibilidad), según los valores históricos. No obstante, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo no hizo lugar a la pretensión tras haber concluido que la Policía estaba condicionada por las circunstancias. Por considerar que esta conclusión es arbitraria, el abogado Pablo Racedo dedujo un recurso de casación contra la sentencia, en el afán de que la causa pase a la Corte Suprema de Justicia.
En los considerandos de la primera resolución relacionada con las demandas interpuestas por las víctimas de los saqueos (serían más de una decena), el 18 de diciembre, los vocales Ebe López Piossek y Enrique Guibert fueron terminantes. "Cabe concluir que no llegó a acreditarse en la causa que, al producirse los saqueos generalizados en el ámbito de la provincia, las fuerzas de seguridad no hayan adoptado las medidas a su alcance, y hayan realizado las acciones y operativos que se entendieron adecuados, de acuerdo con los medios materiales y al número que disponía", aseveraron.
Asimismo, los camaristas se preocuparon por destacar: "no resulta descaminada, entonces, la afirmación de la demandada, en el sentido de que se produjo un supuesto de fuerza mayor".

Omisión de deberes
En el escrito por el que articuló el recurso de casación, Racedo cuestionó la sentencia en la convicción de que esta siente un precedente peligroso en relación con los deberes ineludibles del Estado. "Conforme las probanzas de autos y de los argumentos expuestos en la demanda, no caben dudas de ningún orden en concluir que se trata de un caso de responsabilidad del Estado provincial por omisión del servicio de seguridad", destacó.
El joven letrado también atacó la conclusión de que las respuestas del Estado dependen de sus posibilidades. "Con ello se sugiere que los Estados ricos cumplirán en mayor medida sus obligaciones y, por tanto, sus ciudadanos gozarán de óptimos niveles en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Por el contrario, los Estados pobres -el nuestro- cumplirán en menor medida las obligaciones legales amparados en la coyuntura económica y en las emergencias que ella plantea. Ello determinará la existencia de ciudadanos también pobres en relación con la protección y tutela del Estado y en cuanto al ejercicio de sus derechos básicos", aseveró.
Racedo también negó que los saqueos pudieran ser considerados como una hipótesis de la figura conocida como fuerza mayor, que se configura frente a un hecho que no pudo preverse o que, habiendo sido previsto, no se pudo evitar. "¿Es que acaso no conocía el Estado que el nivel de deterioro económico y social de la población podía desembocar en los hechos de diciembre de 2001? ¿No había indicios suficientes en los días previos? ¿Los organismos de inteligencia del Estado no lo conocían?", preguntó el abogado.