Los daños de las inundaciones

Angustia y preocupación. En estos días hay tucumanos que tienen la mirada fija en el cielo o en la montaña y un grupo de funcionarios vive prácticamente en estado de alerta continuo. Son las tormentas, las posibilidades de inundaciones el panorama que genera incertidumbre y que tiene con el Jesús en la boca a miles de pobladores, a cientos de productores y a un puñado de socorristas. Desde que comenzaron a registrarse estadísticamente las lluvias en la comarca (en1884/85) se sabe que los meses del verano en Tucumán son particularmente "llovedores", buenos para sostener la evolución de los cultivos que dan vida a nuestra economía, pero cada vez más complicados y críticos para los habitantes y los campos de la zona pedeserrana y serrana de la provincia. Se registró, sin embargo, una modificación sustancial del escenario: por la fluctuación del clima las lluvias pasaron de un registro de 80 milímetros a 110/120 milímetros promedio por día, en estos últimos tiempos. Por caso, en el verano de 2007 cayó unos 500 milímetros de agua, pero en este año las precipitaciones ya rondan los 400 milímetros. La expansión de la frontera agrícola, una progresiva expoliación de las mejores especies forestales, la virtual eliminación de bosques en las zonas ribereñas, el asentamiento desordenado de poblaciones en zonas especialmente críticas han vuelto más vulnerable el sistema ecológico de la provincia. Y hay evidencia de que los efectos del dramático cambio climático que golpea a todo el mundo se sienten obviamente por estos lares. Así, con suelos cada vez más saturados y lluvias más intensas, el sistema de laderas (Tucumán está en una pendiente) potencia las posibilidades de daños.
No obstante, los expertos advierten que pese a la complejidad de la situación, hay claves para entender y resolver estas inveteradas crisis. Entre las cosas que más reclaman figuran que se cumpla con las leyes y disposiciones de ordenamiento del territorio y que se trabaje con responsabilidad en el manejo de las cuencas y del agua, "porque cualquier tormenta se transforma en un problema". Hay que decirlo: las inundaciones no fueron una cuestión de Estado para los gobiernos del distrito. Aunque planes para enfrentar la cíclica situación no faltaron, las decisiones políticas no estuvieron a la altura del drama. Sin una reacción estratégica de la gestión oficial, los sucesivos desplantes de la naturaleza se transformaron en tragedias, que en muchos casos derivaron en pérdidas humanas y en cuantiosos daños económicos que a la corta o a la larga el Estado terminó pagando.
En un Apenas Ayer que publicó LA GACETA, Carlos Páez de la Torre registra que ya el 28 de febrero de 1863, el gobernador José María del Campo le envió una dramática carta al presidente Bartolomé Mitre en la que le dice que Tucumán "está sufriendo la terrible calamidad de las inundaciones" y relata que "en 22 días de llover copiosamente, los campos están inundados en todas las direcciones y torrentes que han descendido de los cerros se llevan por delante cuanto encontraban". En respuesta al pedido del mandatario provincial, Mitre envía 10.000 pesos plata "para auxilio de los desgraciados, sintiendo no poder por ahora contribuir con mayor cantidad para ese objeto". Desde aquella reveladora crónica hacia aquí, las noticias de catástrofes producidas por las lluvias han sido continuas en los meses del verano. Desbordes de ríos, de arroyos y de canales producen miles de evacuados entre diciembre y marzo. Las catástrofes golpean especialmente a los sectores sociales de bajos recursos, a los más excluidos de la pirámide social, pero los tucumanos pueden reconocer sin titubeos el riesgo que les representan las crecidas de ríos como el Famaillá, el Colorado, el Gastona, el Chico, el Marapa, el Medinas o vivir en barrios de la periferia urbana. Cada verano, los agentes de Defensa Civil y del área social se movilizan para dar albergue y ayuda a los damnificados y los productores inician el camino de los reclamos para mitigar las pérdidas. Asaltan, entonces, algunas preguntas. ¿Es posible enfrentar aquí con éxito la adversidad que provoca la naturaleza, especialmente a la cuenca Salí-Dulce? ¿Qué ocurre que las reacciones oficiales parecen tardías? ¿Es posible construir obras que puedan mitigar los daños y el desplazamiento de cientos de comprovincianos? Un calificado funcionario marca el camino de las respuestas. "Con las inundaciones se pierden toneladas de suelos vegetales, se saliniza la llanura y se pierde aptitud agrícola. Para enfrentar este flagelo se necesitan obras de gran magnitud, obras estructurales y ningún gobernador quiere hacer obras invisibles, que no se vean desde la ruta. La caída que sufrió el país desde los 90 destruyó organismos como Agua y Energía y se desmantelaron equipos de técnicos que trabajaban específicamente en esta problemática. Hay que sistematizar la cuenca y retener la mayor cantidad de agua. Y hay que encarar con más seriedad una política de ordenamiento territorial: no se pueden asentar barrios o industrias en cualquier lado", advierte.

Falta de coordinación
El planteo lleva también a hablar de una imperiosa necesidad de coordinar políticas y acciones entre la Nación, la provincia, los municipios y las comunas. "La provincia no estaba preparada para enfrentar el crecimiento de los últimos años, pero no basta con el pavimento como arma de mejora, se requiere de planificación, sobre todo después de que Tucumán pasó décadas sin obras públicas", agrega la fuente.
Las prioridades y el destino de la inversión, entonces, no dejan de tener relevancia en este cuadro. Habría que marcar, con todo, que la actual administración está dando pasos para enfrentar las cíclicas embestidas de las lluvias. Sostenido por el buen flujo de fondos que genera el crecimiento del PBI, obras de prevención y fomento como el reencause y canalización de arroyos y de ríos, la construcción de terraplanes y la ampliación de los cauces, un mayor control en la tala de árboles y la reforestación de márgenes se advierten como novedades.
El experto Antonio Roldán, ex docente de la UNT y consultor del Consejo Federal de Inversiones (CFI) estima que el principal problema que se enfrenta para tener éxito en esta batalla es la falta de continuidad en los planes y señala que las administraciones tuvieron más preocupación en "resolver lo urgente y dejar para después lo inconveniente". Dice que el sur de la provincia podría verse aliviado de las crecientes si se reorienta la construcción del dique Potrero El Clavillo (la obra está planteada en el límite con Catamarca y el proyecto básico la producción de energía es lo más importante). Esta obra, junto a la construcción del dique Potrero de Las Tablas, bien podría contribuir a controlar el manejo de las cuencas y al excedente de agua, sostiene. Roldán considera que Tucumán necesita un piso de por lo menos U$S 700 millones en programas de obras integrales en toda la provincia para mejorar las chances de ganarle a los sobresaltos que producen las lluvias, desde Tafí Viejo al extremo sur. "Los proyectos están, hay que instrumentarlos y asegurar la continuidad de los trabajos, más allá de una gestión", asegura.
Celestino Gelsi, en una medida que aún hoy se reconoce como ejemplar, empujó la construcción del dique El Cadillal en 1960. Había sido el gobernador Lucas A. Córdoba, quien en 1906 colocó la piedra fundamental para su construcción. El dique se construyó entre enero de 1962 y diciembre de 1965 y la provincia pagó 11.249.687 de libras esterlinas por su construcción. La decisión de construir la obra, fundamental para gran parte de la vida económica y social, modificó años de demora y déficit. Pero, si hubo una clara decisión política para cambiar la morosidad de las iniciativas en aquellos años, un cálculo aproximado del daño general que provoca una inundación severa podría o debería ser un disparador de las definiciones para encarar los proyectos estratégicos que faltan.
No hay una visión completa de las pérdidas en bienes que sufre Tucumán a causa de las lluvias y de las crecientes. En un ejercicio probabilístico y a través de una estimación promedio que contempla afectaciones en infraestuctura pública, hectáreas cultivables, viviendas, agricultura y producción en general el economista Víctor Elías sugiere un valor que asombra. "Si sumamos los montos de los bienes afectados por una inundación grave, con porcentajes en el daño económico que van del 3% al 10% en cada uno de estos componentes, valuados con referencias del PBI o en base a precios, da una pérdida de unos $ 500 millones", dice. Ocurre que esa cifra es casi el doble, aproximadamente, de lo que podría demandar la construcción de Potrero de Las Tablas, una de obra que podría ayudar a evitar parte de estas desgracias.