Compraron maquinaria vial con la plata de la venta de inmuebles oficiales

La venta de propiedades produjo $ 19 millones que el Poder Ejecutivo depositó en una cuenta especial, tal como lo marca la ley 7.142 y modificatorias, conocida como "activo por activo". De ese total, $ 17,6 millones fueron cedidos a la Dirección Provincial de Vialidad, que -desde octubre del año pasado- inició la operación de compra de maquinaria vial pesada. El resto de la plata sigue depositado.
El dinero fue producto de la venta de las 1.168 hectáreas ubicadas en Overa Pozo (Burruyacu) a la Compañía Azucarera Los Balcanes SA ($ 15,1 millones) y de la sucursal Buenos Aires del ex Banco de la Provincia de Tucumán (BPT), por la cual el grupo empresarial Benito Roggio e Hijos depositó unos $ 3,9 millones.
Según el decreto 3.027 del 6 de agosto del año pasado, la adquisición de maquinaria vial servirá para conservar las rutas y caminos provinciales, según el artículo incorporado por ley 7.905 al régimen de activo por activo. El sistema, además, servirá para avanzar con obras de emergencia hídrica, habitacional y de seguridad; para la construcción, ampliación y refacción de escuelas; la sistematización de cuencas y desagües pluviales, la construcción de un puente paralelo al actual Lucas Córdoba y para la construcción de un Centro Cívico.
"Hace más de 30 años que el Estado no realizaba una inversión tan fuerte para reequipar el parque automotor pesado de la provincia", dijo ayer a LA GACETA el director de Vialidad Provincial, Raúl Basilio.
El funcionario afirmó que con el dinero del sistema "activo por activo", la repartición que dirige pudo convocar a licitaciones públicas, mediante las cuales se adquirieron 12 motoniveladoras, ocho retroexcavadoras, una cargadora frontal, una topadora cuatro camiones y otras maquinarias para la reparación y pavimentación de caminos.
Los rodados también serán usados por las direcciones de Irrigación y del Agua, con el fin de mejorar el sistema de desagües y de canalización en toda la provincia, indicó Basilio.

En debate
Por ahora, el Poder Ejecutivo desaceleró la venta de otros inmuebles oficiales. Los que están próximos a licitar son 15 edificios donde funcionaron las sucursales del ex BPT en toda la provincia. Si bien ya se llevó a cabo la mayor parte de la tasación oficial, aún no se autorizó la convocatoria a licitación pública.
Desde fines del año pasado, distintas entidades intermedias y ciudadanos reclaman al Gobierno que no venda algunos edificios, considerados parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la provincia.
La Ley 7.142 ("activo por activo") impide vender establecimientos donde funcionan escuelas o CAPS y comisarías (salvo que se contemple la construcción de otro edificio con idéntico fin) y "todas aquellas propiedades que han sido o sean declaradas por autoridad nacional, provincial y municipal parte del patrimonio histórico, arquitectónico, cultural o que contribuyan a preservar el medio ambiente". Funcionarios del PE dicen que en los próximos días habrá definiciones respecto de la operatoria inmobiliaria.