Luis Alberto Acosta, secretario de la Sala VI de la Cámara Penal, que tiene 41 años de trayectoria en el Poder Judicial, sufrió ayer las consecuencias de haberse plegado a la protesta espontánea que hubo en el palacio de Tribunales contra la polémica acordada Nº 972 de la Corte Suprema de Justicia, que selectivamente estableció una serie de recategorizaciones.
Cuando Acosta estaba aplaudiendo junto a empleados y funcionarios en el primer piso del palacio, se le acercó el secretario de Superintendencia de la Corte Suprema, Reyes Severiano Pérez, acompañado por varios policías, y le requirió un informe sobre la situación. “Luego de pedirle que bajara el tono de voz, le respondí que iba e evacuar cualquier pregunta si me la formulaba por escrito”, explicó Acosta a LA GACETA minutos después de lo sucedido.
Posteriormente, el funcionario recibió una llamada telefónica para que fuera a la oficina de Pérez. “Como consecuencia, me comuniqué con el presidente de la sala VI de la Cámara Penal (Francisco Ruiz Vargas) y este, por razones funcionales y por la recarga de trabajo, no me autorizó a que abandonara la función”, explicó.
Una larga historia
Acosta defendió su modo de proceder. “Participé, porque me sentí comprendido dentro de un reclamo justo que tiene que ver con mis derechos. Con 41 años de intachable carrera judicial, me siento menoscabado (por la acordada), porque los secretarios judiciales tenemos una terrible carga, que no es reconocida. Tenemos una triple función: somos los responsables de suscribir el despacho, controlamos el personal y cumplimos horarios”, aseguró con tranquilidad.
Cuando Acosta estaba aplaudiendo junto a empleados y funcionarios en el primer piso del palacio, se le acercó el secretario de Superintendencia de la Corte Suprema, Reyes Severiano Pérez, acompañado por varios policías, y le requirió un informe sobre la situación. “Luego de pedirle que bajara el tono de voz, le respondí que iba e evacuar cualquier pregunta si me la formulaba por escrito”, explicó Acosta a LA GACETA minutos después de lo sucedido.
Posteriormente, el funcionario recibió una llamada telefónica para que fuera a la oficina de Pérez. “Como consecuencia, me comuniqué con el presidente de la sala VI de la Cámara Penal (Francisco Ruiz Vargas) y este, por razones funcionales y por la recarga de trabajo, no me autorizó a que abandonara la función”, explicó.
Una larga historia
Acosta defendió su modo de proceder. “Participé, porque me sentí comprendido dentro de un reclamo justo que tiene que ver con mis derechos. Con 41 años de intachable carrera judicial, me siento menoscabado (por la acordada), porque los secretarios judiciales tenemos una terrible carga, que no es reconocida. Tenemos una triple función: somos los responsables de suscribir el despacho, controlamos el personal y cumplimos horarios”, aseguró con tranquilidad.
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