Por Redacción Política
20 Febrero 2008
Seguir en 
La sentencia sobre la reforma de 2006 despertó en algunos juristas dudas de fondo y de forma. Entre las primeras: 1) Los límites del control que serían casi infranqueables frente a la supremacía de la Constitución. 2) La competencia de un tribunal de instancia única para descalificar lo resuelto por la Convención Constituyente. 3) La invasión de la esfera privativa de los otros poderes. Las segundas están referidas a la idoneidad del amparo para realizar este tipo de control y a que el Código Procesal Constitucional de Tucumán (CPCT) no faculta a hacer control de normas constitucionales.
Sostiene Karl Loewenstein que la permanente preocupación por los límites al ejercicio del poder constituyente sirve para dilucidar si la Constitución está por encima del convencional o a su disposición. Esbozaremos algunas respuestas:
1) Mientras que el poder constituyente originario se presenta como un poder absoluto e ilimitado por definición, el poder de reforma provincial es un poder constituido y, como tal, limitado. En nuestro esquema federal, el poder reformador es de origen y naturaleza jurídicos, y su producto también es jurídico, condicionado por el principio de supremacía del artículo 31 de la Constitución nacional (CN).
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán acuñó su doctrina judicial sobre los límites al ejercicio del poder reformador, lineamientos a los que se ajustó el fallo criticado. Si bien la sentencia no lo dice, luego de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, se elevó con jerarquía constitucional a un conjunto de instrumentos internacionales sobre derechos humanos (artículo 75, inciso 22 de la CN); se produjo, entonces, una ampliación de los límites heterónomos externos con fuente en el derecho internacional que integran el denominado “bloque de constitucionalidad federal”, sintonizados con la Constitución democrática.
2) La cuestión resuelta versa sobre el control del producto jurídico de una reforma local. Los precedentes son de antigua data. En 1904 la Corte Suprema de Buenos Aires resolvió el caso “Sánchez Viamonte y otros vs. Poder Legislativo”. Este fallo fue el antecedente invocado en “Unión de Centro Democrático c/Gobierno de la Pcia. de Mendoza” para efectuar la revisión del proceso reformador en esa provincia. La Corte Federal descalificó por inconstitucionales normas de constituciones provinciales, como las de Córdoba, Entre Ríos, Catamarca, entre otras. La doctrina judicial de la Corte tucumana claramente señala que el poder constituido reformador no evade los resortes de la judiciabilidad (“Gutiérrez vs. HCCT”, y “Arias, Víctor y otros vs. Pcia. de Tucumán”).
3) La Competencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para juzgar en las diversas demandas de nulidad e inconstitucionalidad articuladas contra la reforma del 2006 fue declarada por un pronunciamiento firme de la Corte local. La Provincia reconoció la competencia no sólo en este caso, sino también en más de cinco demandas. El propio caso “Fayt” dispuso expresamente, por primera vez, que la “reforma constitucional puede ser controlada por el Poder Judicial, en general, y por la Corte Suprema en particular”.
Otras respuestas
4) El artículo 88 del CPCT, en concordancia con los artículos 3 y 24 de la Constitución de la provincia, habilitan la declaración de inconstitucionalidad de oficio.
La norma no admite vacilaciones. En su segundo párrafo expresa: “los magistrados deben abstenerse de aplicar la ley,... que so pretexto de reglamentación desvirtúe el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos o prive a los ciudadanos de las garantías aseguradas por la CN y Provincial”.
Armónicamente, el artículo 87 del mismo Código obliga a los tribunales ha proceder aplicando primero la CN y provincial, y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, como ley suprema, respecto de las leyes y disposiciones normativas emanadas de cualquier autoridad de la Provincia. La Convención es un poder constituido y limitado de esta. Al constatar los camaristas que las reformas introducidas violaban principios, derechos y garantías de la CN y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos dieron plena operatividad al mandato de tutela de la supremacía constitucional que, partiendo del artículo 31 de la CN, es receptado en los artículos 3 y 24 de la Constitución tucumana. El tribunal cumplió con la triple función de custodia que tienen los jueces: “resguardar el proceso democrático, la autonomía personal y la continuidad de la práctica constitucional”.
5) La acción de amparo desde mucho antes y con mayor razón después de la reforma federal de 1994 es el proceso natural para enjuiciar la constitucionalidad de una norma. La inidoneidad de este proceso queda sin sustento jurídico atento a que el Colegio de Abogados pidió que la cuestión se declare de puro derecho, con el silencio posterior de la demandada. Por resolución firme del 24 de abril de 2007, el tribunal declaró la cuestión de puro derecho, con el dictamen favorable de la Fiscalía de Cámara, que consideró que no hacía falta producir más pruebas.
6) En cuanto a los efectos de lo resuelto, el fallo expresamente declaró la nulidad de varios artículos de la reforma. Esto no es novedoso. La propia Corte Federal ha dictado pronunciamientos con efectos “erga omnes” (para todos). Idéntico criterio asumió nuestra Corte Local en el caso “Arias”. La propia ley 7.469, de necesidad de la reforma, establecía la sanción de nulidad absoluta de las modificaciones introducidas que violaran los límites impuestos por esa normativa.
El Judicial fue concebido como poder moderador del Ejecutivo y del Legislativo; encargado de corregir sus desbordes, en particular cuando violan la Constitución. Si los jueces se someten a los poderes constituidos, o si los respetan en demasía, consintiendo violaciones de los derechos fundamentales, si se escudan en la doctrina de las cuestiones políticas o de los actos discrecionales, renuncian a su función de guardianes de la Constitución y, más grave, posibilitan que se abra paso a la autocracia y a la pérdida de la toda libertad.
Sostiene Karl Loewenstein que la permanente preocupación por los límites al ejercicio del poder constituyente sirve para dilucidar si la Constitución está por encima del convencional o a su disposición. Esbozaremos algunas respuestas:
1) Mientras que el poder constituyente originario se presenta como un poder absoluto e ilimitado por definición, el poder de reforma provincial es un poder constituido y, como tal, limitado. En nuestro esquema federal, el poder reformador es de origen y naturaleza jurídicos, y su producto también es jurídico, condicionado por el principio de supremacía del artículo 31 de la Constitución nacional (CN).
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán acuñó su doctrina judicial sobre los límites al ejercicio del poder reformador, lineamientos a los que se ajustó el fallo criticado. Si bien la sentencia no lo dice, luego de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, se elevó con jerarquía constitucional a un conjunto de instrumentos internacionales sobre derechos humanos (artículo 75, inciso 22 de la CN); se produjo, entonces, una ampliación de los límites heterónomos externos con fuente en el derecho internacional que integran el denominado “bloque de constitucionalidad federal”, sintonizados con la Constitución democrática.
2) La cuestión resuelta versa sobre el control del producto jurídico de una reforma local. Los precedentes son de antigua data. En 1904 la Corte Suprema de Buenos Aires resolvió el caso “Sánchez Viamonte y otros vs. Poder Legislativo”. Este fallo fue el antecedente invocado en “Unión de Centro Democrático c/Gobierno de la Pcia. de Mendoza” para efectuar la revisión del proceso reformador en esa provincia. La Corte Federal descalificó por inconstitucionales normas de constituciones provinciales, como las de Córdoba, Entre Ríos, Catamarca, entre otras. La doctrina judicial de la Corte tucumana claramente señala que el poder constituido reformador no evade los resortes de la judiciabilidad (“Gutiérrez vs. HCCT”, y “Arias, Víctor y otros vs. Pcia. de Tucumán”).
3) La Competencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para juzgar en las diversas demandas de nulidad e inconstitucionalidad articuladas contra la reforma del 2006 fue declarada por un pronunciamiento firme de la Corte local. La Provincia reconoció la competencia no sólo en este caso, sino también en más de cinco demandas. El propio caso “Fayt” dispuso expresamente, por primera vez, que la “reforma constitucional puede ser controlada por el Poder Judicial, en general, y por la Corte Suprema en particular”.
Otras respuestas
4) El artículo 88 del CPCT, en concordancia con los artículos 3 y 24 de la Constitución de la provincia, habilitan la declaración de inconstitucionalidad de oficio.
La norma no admite vacilaciones. En su segundo párrafo expresa: “los magistrados deben abstenerse de aplicar la ley,... que so pretexto de reglamentación desvirtúe el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos o prive a los ciudadanos de las garantías aseguradas por la CN y Provincial”.
Armónicamente, el artículo 87 del mismo Código obliga a los tribunales ha proceder aplicando primero la CN y provincial, y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, como ley suprema, respecto de las leyes y disposiciones normativas emanadas de cualquier autoridad de la Provincia. La Convención es un poder constituido y limitado de esta. Al constatar los camaristas que las reformas introducidas violaban principios, derechos y garantías de la CN y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos dieron plena operatividad al mandato de tutela de la supremacía constitucional que, partiendo del artículo 31 de la CN, es receptado en los artículos 3 y 24 de la Constitución tucumana. El tribunal cumplió con la triple función de custodia que tienen los jueces: “resguardar el proceso democrático, la autonomía personal y la continuidad de la práctica constitucional”.
5) La acción de amparo desde mucho antes y con mayor razón después de la reforma federal de 1994 es el proceso natural para enjuiciar la constitucionalidad de una norma. La inidoneidad de este proceso queda sin sustento jurídico atento a que el Colegio de Abogados pidió que la cuestión se declare de puro derecho, con el silencio posterior de la demandada. Por resolución firme del 24 de abril de 2007, el tribunal declaró la cuestión de puro derecho, con el dictamen favorable de la Fiscalía de Cámara, que consideró que no hacía falta producir más pruebas.
6) En cuanto a los efectos de lo resuelto, el fallo expresamente declaró la nulidad de varios artículos de la reforma. Esto no es novedoso. La propia Corte Federal ha dictado pronunciamientos con efectos “erga omnes” (para todos). Idéntico criterio asumió nuestra Corte Local en el caso “Arias”. La propia ley 7.469, de necesidad de la reforma, establecía la sanción de nulidad absoluta de las modificaciones introducidas que violaran los límites impuestos por esa normativa.
El Judicial fue concebido como poder moderador del Ejecutivo y del Legislativo; encargado de corregir sus desbordes, en particular cuando violan la Constitución. Si los jueces se someten a los poderes constituidos, o si los respetan en demasía, consintiendo violaciones de los derechos fundamentales, si se escudan en la doctrina de las cuestiones políticas o de los actos discrecionales, renuncian a su función de guardianes de la Constitución y, más grave, posibilitan que se abra paso a la autocracia y a la pérdida de la toda libertad.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium
