Enojó una recategorización selectiva de la Corte

Un gran revuelo causó en Tribunales la acordada 972, del 27 de diciembre, por medio de la que la Corte Suprema de Justicia redistribuyó la estructura de cargos, con la consiguiente actualización de haberes a partir de los sueldos de enero. Los criterios selectivos que utilizó el alto tribunal generaron polémica -y hasta malestar- entre empleados, funcionarios y magistrados, principalmente del fuero penal. Ayer, hasta hubo una protesta espontánea de 10 minutos en la sede de avenida Sarmiento al 400.
Entre los beneficiados por la acordada firmada por los vocales Antonio Gandur (presidente), Alberto José Brito, Héctor Eduardo Area Maidana y Antonio Estofán (René Goane estaba de licencia), figuran los propios relatores de la Corte.
Los siete relatores "senior" quedaron con un sueldo básico de $ 4.936, lo que los equipara a vocales y a fiscales de Cámara, con la diferencia de que estos últimos, en su carácter de funcionarios de la Constitución y de magistrados respectivamente, frente a un eventual incumplimiento de los deberes a su cargo, están sujetos a un proceso de remoción. Antes, como sucede en casi todo el país, percibían un básico equivalente al de un juez de primera instancia ($ 4.542).
Los mismo sucedió con los cinco relatores "junior", a los que les aumentaron el básico a $ 4.542 (antes era de $ 3.299). Por ende, perciben lo mismo que fiscales, defensores y jueces de primera instancia que, por sus responsabilidades, también están sujetos a un proceso de destitución.

Otros retoques
También experimentaron una jerarquización tres funcionarios de trayectoria (no son abogados): María Cristina Díaz, Segundo Brizuela y Segundo Gabar, que de prosecretarios de Corte (de Superintendencia), del Ministerio Fiscal y de la Secretaría Judicial fueron equiparados a secretarios de Corte. Sus básicos pasaron de $ 2.507, $ 2.420 y $ 2.507, respectivamente, a $ 4.071.
Lo que más fastidió, según las fuentes consultadas, es el ascenso de profesionales (la mayoría pertenecen a disciplinas diferentes del derecho) que se desempeñan en cuerpos de apoyo que no realizan tareas jurisdiccionales. Todos quedaron equiparados como secretarios de Corte, con un sueldo básico de $ 4.071.
Ellos son Carolina Ledesma Padilla (de la Secretaría Administrativa), y los directores de Apoyo en Presupuesto (Alicia Inés van Gelderen), Estadística (Juan Carlos Encina), en Control de Gestión (María Angela Apud, interina), en Superintendencia (María Gabriela Blanco), en Sistemas (Fabián Ríos), en Recursos Humanos (Teresita Comolli) y en Asuntos Judiciales (Mirta Olivera). Salvo en el caso de Ledesma Padilla, cuya básico anterior era $ 2.541, el de los otros llegaba a $ $ 2.654, según información brindada por la Corte. En estos casos el retoque significó una suba salarial que osciló entre 53% y 60%.
En los considerandos de la acordada, los vocales aclararon que el corrimiento y encasillamiento había sido realizado por los órganos técnicos siguiendo "instrucciones recibidas de la superioridad". "Con dicha ordenación se procura otorgar -a los niveles de funcionarios de ley y de personal jerárquico- las jerarquías estructurales que les compete por la función y labor que desarrollan", destacaron.

Razones esgrimidas
Pese a las críticas recibidas (magistrados y funcionarios fueron a hablar con algunos vocales), desde la Corte sostienen que los cuerpos de apoyo (informática, recursos humanos, etcétera) realizan una tarea importante, que cobró relevancia durante los últimos años. También aclaran que la medida respondió a la necesidad de que algunos encasillamientos coincidan con los fijados por la Ley 24.018, que extiende a los jueces tucumanos el beneficio previsionales del 82% móvil.


A las 10, empleados, funcionarios y algunos magistrados (entre ellos, el juez de Menores Raúl Ruiz) salieron a los pasillos del edificio del ex Comando (avenida Sarmiento al 400), donde funciona el fuero penal, y empezaron a aplaudir. Lo hicieron ininterrumpidamente durante unos 10 minutos. El motivo era repudiar la acordada Nº 972, por medio de la que la Corte Suprema de Justicia redistribuyó la estructura de cargos, con la consiguiente actualización de haberes a partir de enero. La protesta fue espontánea y no fue apoyada por ninguno de los dos gremios a los que están afiliados los empleados judiciales. Hubo malestar cuando circuló la versión de que desde la Superintendencia de la Corte querían saber quiénes habían participado de la manifestación.


Entre los beneficiados por la polémica acordada Nº 972 de la Corte Suprema de Justicia figuran los secretarios privados de los cinco vocales del alto tribunal. Todos, de la categoría correspondiente a la función de jefes de despacho, fueron agrupados en la de prosecretarios judiciales de categoría "C", con lo cual sus suelos básicos pasaron de $ 1.844 a $ 2.321. Se trata de María Teresa Avila, Ana María del Valle Gandur, Aníbal Nicolás Yánes, María Inés Robledo y Celia Josefa Mateo, quienes trabajan en el segundo piso de Tribunales a las órdenes de los vocales René Mario Goane, Carlos Alberto Brito, Antonio Gandur (presidente), Héctor Eduardo Area Maidana y Antonio Estofán, respectivamente.


Aunque recibió muchos cuestionamientos la acordada 972, fuentes consultadas por LA GACETA coincidieron en que se hizo justicia con tres abogados (José Francisco Goane, Horacio Paz Filgueira y Marcos Arias Amicone), que pasaron de encargados mayores a secretarios de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Por otra parte, pese a las críticas, algunos magistrados -en reserva- conjeturan que, en el futuro, podrían extenderse los beneficios a partir del punto II de los Considerandos de la acordada, en el que la propia Corte Suprema reconoció que instruyó a los organismos técnicos para que incorporen al anteproyecto de presupuesto 2008 "la solicitud de transformación de los cargos vigentes conforme su jerarquía institucional y funcional".