Atienden críticas del Tribunal de Cuentas

El Gobierno parece estar empeñado en agilizar el llamado a licitación para el diseño y construcción de una planta de disposición final de los residuos para el Gran San Miguel de Tucumán. En efecto, el secretario General de la Gobernación, Ramiro González Navarro, consideró que las objeciones del Tribunal de Cuentas (TC) no frustran la convocatoria a licitación.
El funcionario explicó que el TC solicitó una serie de informes y aclaraciones al Poder Ejecutivo. Tal como lo adelantó LA GACETA en su edición de ayer, el TC, por medio de la acordada 373, advirtió al PE que “se abstenga de ejecutar” el llamado a licitación para el diseño, construcción y operación del centro de disposición final y relleno sanitario que se instalará en Monte Redondo, Cruz Alta, hasta tanto se subsanen algunos planteos al decreto de convocatoria.
González Navarro aclaró que, en realidad, no se trata de un freno sino de un requerimiento y que, una vez cumplidas ciertas condiciones, se continuará con el llamado. “No se detiene el trámite; una vez aclarado algunos conceptos, la licitación seguirá su curso”, afirmó.
El escrito del TC requiere aclaraciones e informes al PE sobre ocho puntos que forman parte del pliego. Entre los principales cuestionamientos figura la experiencia que el Estado pretende imponer a los interesados en participar de la licitación. Además, el PE requería que las empresas estén inscriptas en el Registro de Construcciones de Obras Públicas de la Provincia.
Según afirmó el funcionario, a partir del texto del Tribunal de Cuentas se corrigieron algunos puntos y se precisaron otros a los fines de cumplir con los requerimientos del organismo. Con respecto a la necesidad de que las empresas figuren en ese registro, González Navarro indicó que se eliminó esta condición para que compañías de otras provincias puedan participar del cotejo de precios. “En relación al dictamen de la comisión de preadjudicación, el TC entendía que este era vinculante. En ese sentido, se dejó en claro que sólo tendrá carácter de un asesoramiento”, dijo.
En su acordada, el TC también advirtió que el decreto no aclaraba quién sería el propietario de los residuos a tratar. El funcionario precisó que estos pertenecerían a la Provincia, y que esta operaría a través del Ministerio de la Producción y de los organismos que esta cartera determine.
Por último, González Navarro adelantó que se adjuntará un informe técnico que purgue todas las dudas del TC, para que se pueda avanzar con la convocatoria.