19 Febrero 2008
Rechazo universitario a la venta del patrimonio
Representantes de la UNT, de la Unsta y de la UTN advirtieron que el Estado no debe resignar la tutela de los inmuebles centenarios. La presentación obligó a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural a pasar a cuarto intermedio. Ratificación del oficialismo.
MOVILIZADOS. La decisión del PE de vender edificios históricos -como el de Rentas- despertó el rechazo de un amplio sector de la sociedad tucumana. LA GACETA / JORGE OLMOS SGROSSO
El desacuerdo persiste en la misma proporción en que se agudiza el empecinamiento del Poder Ejecutivo. Ayer, representantes de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino formalizaron su oposición a la decisión oficial de enajenar inmuebles que forman parte del patrimonio histórico.
Las arquitectas Silvia Rossi (UNT) y Gabriela Lo Giudice (Unsta), y el ingeniero Jorge Molina (UTN), representantes de las universidades ante la comisión Provincial de Patrimonio Cultural, firmaron un documento declaratorio en el que ratificaron la importancia de la Ley 7.535, más conocida como de Protección Cultural y de los Bienes Arquitectónicos de la provincia. Cabe recordar que, el 20 de diciembre, el oficialismo legislativo sancionó la Ley 7.990, mediante la que se desafectó una serie de propiedades del régimen de tutela del Estado.
Advertencias
En el escrito presentado ante la comisión, presidida por el titular del Ente Cultural de Tucumán, Mauricio Guzman, los profesionales expresan que el patrimonio arquitectónico y urbano constituye un recurso estratégico no renovable y de alto valor para el desarrollo económico y cultural de la provincia. Por ello, sostienen, resulta fundamental que el Estado no resigne la tutela ni el dominio de aquellos bienes que constituyen el patrimonio público.
El crítico documento puesto a consideración de la comisión también advierte a las autoridades del PE que la refuncionalización de los edificios públicos no es incompatible con su preservación. A la vez, consideran que cualquier intervención en estos inmuebles debe efectuarse con criterios técnicos y previa realización de estudios históricos y arquitectónicos. Pero, fundamentalmente, la declaración de la UNT, la UTN y la Unsta cuestiona que la sanción de la Ley 7.990 se haya concretado sin una consulta por parte de la Cámara a los miembros de la Comisión de Patrimonio. Finalmente, el documento insta al diálogo entre los poderes del Estado y las instituciones intermedias, a fin de llegar a un consenso sobre el destino de los inmuebles desafectados de la ley de protección.
La presentación de la declaración conjunta de los estamentos universitarios activó la discusión en la reunión de ayer y postergó el pronunciamiento de la comisión de Patrimonio respecto de un memorándum presentado por entidades intermedias que se oponen a la venta de edificios históricos. Del encuentro de ayer también participó el presidente del bloque oficialista de legisladores, Roque Tobías Alvarez. El parlamentario ratificó la plena vigencia de la Ley 7.990 y propuso como alternativa que se incluyera en la confección de los pliegos licitatorios la necesidad de que se respete la fachada de los inmuebles históricos en venta.
“No hay una respuesta porque no se llegó a un consenso”, sintetizó la directora de Patrimonio del Ente Cutural, Mercedes Aguirre. Después de tres horas de debate, la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural volverá a reunirse el 4 de marzo para tratar de unificar criterios y emitir un documento con carácter vinculante para el titular del Ente Cultural de Tucumán.
Las arquitectas Silvia Rossi (UNT) y Gabriela Lo Giudice (Unsta), y el ingeniero Jorge Molina (UTN), representantes de las universidades ante la comisión Provincial de Patrimonio Cultural, firmaron un documento declaratorio en el que ratificaron la importancia de la Ley 7.535, más conocida como de Protección Cultural y de los Bienes Arquitectónicos de la provincia. Cabe recordar que, el 20 de diciembre, el oficialismo legislativo sancionó la Ley 7.990, mediante la que se desafectó una serie de propiedades del régimen de tutela del Estado.
Advertencias
En el escrito presentado ante la comisión, presidida por el titular del Ente Cultural de Tucumán, Mauricio Guzman, los profesionales expresan que el patrimonio arquitectónico y urbano constituye un recurso estratégico no renovable y de alto valor para el desarrollo económico y cultural de la provincia. Por ello, sostienen, resulta fundamental que el Estado no resigne la tutela ni el dominio de aquellos bienes que constituyen el patrimonio público.
El crítico documento puesto a consideración de la comisión también advierte a las autoridades del PE que la refuncionalización de los edificios públicos no es incompatible con su preservación. A la vez, consideran que cualquier intervención en estos inmuebles debe efectuarse con criterios técnicos y previa realización de estudios históricos y arquitectónicos. Pero, fundamentalmente, la declaración de la UNT, la UTN y la Unsta cuestiona que la sanción de la Ley 7.990 se haya concretado sin una consulta por parte de la Cámara a los miembros de la Comisión de Patrimonio. Finalmente, el documento insta al diálogo entre los poderes del Estado y las instituciones intermedias, a fin de llegar a un consenso sobre el destino de los inmuebles desafectados de la ley de protección.
La presentación de la declaración conjunta de los estamentos universitarios activó la discusión en la reunión de ayer y postergó el pronunciamiento de la comisión de Patrimonio respecto de un memorándum presentado por entidades intermedias que se oponen a la venta de edificios históricos. Del encuentro de ayer también participó el presidente del bloque oficialista de legisladores, Roque Tobías Alvarez. El parlamentario ratificó la plena vigencia de la Ley 7.990 y propuso como alternativa que se incluyera en la confección de los pliegos licitatorios la necesidad de que se respete la fachada de los inmuebles históricos en venta.
“No hay una respuesta porque no se llegó a un consenso”, sintetizó la directora de Patrimonio del Ente Cutural, Mercedes Aguirre. Después de tres horas de debate, la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural volverá a reunirse el 4 de marzo para tratar de unificar criterios y emitir un documento con carácter vinculante para el titular del Ente Cultural de Tucumán.
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