Un juez cree que está en suspenso una actuación de la comisión de Juicio Político

Finalmente, el vocal de la Sala VI de la Cámara del Trabajo, José Antonio Barrozo, desistió de pedir formalmente a la comisión de Juicio Político de la Legislatura que suspenda los términos de la actuación abierta en su contra, como consecuencia del pedido de remoción planteado por el abogado Manuel Oscar Pérez por supuesta ignorancia inexcusable o negligencia en el ejercicio de sus funciones.  
Ante una consulta de LA GACETA, el camarista explicó su posición. “Hay que esperar lo que pueda suceder con el recurso de casación deducido por el fiscal de Estado (Francisco Sassi Colombres) para que intervenga la Corte Suprema de Justicia. El mismo reconoció que el sistema había quedado en el aire como consecuencia de la sentencia (de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo), según trascendió periodísticamente. De hecho, hasta que no se resuelva esta situación, no se puede avanzar”, aseveró.
La polémica es porque el fallo de los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello declaró inconstitucional la potestad conferida por la nueva Constitución provincial a la comisión legislativa de Juicio Político para que decida la acusación de los jueces inferiores (no incluye a los vocales de la Corte Suprema y al ministro fiscal) ante el Jurado de Enjuiciamiento, órgano establecido por la reforma de 2006.
Los vocales concluyeron que, si se admitía la intervención de la mencionada comisión, podía afectarse el principio de inocencia y de que un mismo órgano no puede concentrar las facultades de acusador y juzgador. En efecto, además de los 12 legisladores que integran la comisión de Juicio Político (11 de ellos son oficialistas actualmente), la Carta Magna reserva a los parlamentarios cinco representantes en el Jurado de Enjuiciamiento (decidirá finalmente la suerte de los jueces). Los otros espacios son para un vocal de la Corte, un funcionario del Poder Ejecutivo y un abogado (elegido por elección).
Para sostener su posición, Barrozo se basa en lo afirmado por Sassi Colombres en el recurso que dedujo contra la sentencia. “Resulta claro e indiscutible que si se ha declarado la inconstitucionalidad del sistema acusatorio (léase la intervención de la comisión de Juicio Político) previsto por el artículo 129 de la Ley Fundamental provincial no existe ninguna posibilidad de que pueda funcionar y dictar resolución el Jurado de Enjuiciamiento simplemente porque, planteada tal situación, no existe etapa acusatoria alguna en los términos previstos en el digesto constitucional”, manifestó.

Antes del plazo
El lunes de la semana pasada, un día antes del plazo que tenía, Barrozo respondió el traslado que le había corrido la comisión de Juicio Político (la encabeza el justicialista Sisto Terán) de la denuncia de Pérez. En la presentación, el camarista solicitó que el pedido sea desestimado.
Cumplido este acto, en teoría, la comisión de Juicio Político ahora tiene un plazo de 20 días hábiles para definir los próximos pasos a partir de la respuesta de Barrozo. No obstante, como los vocales Novillo y Giovanniello declararon la inconstitucionalidad del artículo 129 de la Constitución en lo que respecta a la comisión de Juicio Político, esta -en los hechos- quedó impedida de seguir actuando.
A raíz de la sentencia, no quedó bloqueada la posibilidad de denunciar a un magistrado, sino sólo la actuación de la comisión de Juicio Político en el procedimiento de remoción (contra los magistrados inferiores) ante el Jurado de Enjuiciamiento, no así en el mecanismo de juicio político tradicional, que sigue rigiendo para el gobernador, el vice, los ministros del Poder Ejecutivo, los vocales de la Corte y del Tribunal de Cuentas, entre otros.