La Corte insiste con la financiación de la Anses

En la Corte Suprema de Justicia no bajan los brazos. El jueves, dos vocales (Antonio Gandur, presidente, y Antonio Estofán) viajarán a Buenos Aires en el afán de que la Administración Nacional de la Seguridad Sociales (Anses) refinancie las deudas por diferencias de aportes previsionales a los magistrados tucumanos en condiciones de jubilarse, de manera que puedan acceder al beneficio del 82% móvil, como prevé la Ley 24.018.
Los vocales tienen previsto reunirse pasado mañana, a las 12, con Christian Mikkelsen Loth, director de Asuntos Interjurisdiccionales de la Anses. La audiencia, que estaba pactada desde hace varias semanas, no fue suspendida ni siquiera por las manifestaciones que efectuó el director ejecutivo de la Anses, Claudio Moroni, durante la visita que realizó el viernes a Tucumán.
Aunque sus palabras no habrían caído bien en el segundo piso de Tribunales, Moroni fue terminante. "Los esfuerzos financieros de la Anses los estamos destinando más a sectores de menores recursos", anunció a LA GACETA. Luego agregó: "eso no lo cubre el Gobierno nacional ni la Anses y no tenemos previsto financiar la diferencia, porque no está dentro de nuestros programas financieros".
El acuerdo suscripto el 1 de junio de 2006 entre el presidente Néstor Kirchner y el gobernador José Alperovich posibilitó que los jueces tucumanos quedaran comprendidos -como los federales- en la Ley 24.018, pero, como contrapartida, la Anses exige que los magistrados liquiden las diferencias que se habrían generado entre 1996 y 2006.
Durante esa década, como consecuencia del traspaso del sistema previsional provincial a la Nación, en concepto de aportes, a los jueces les descontaban el 7% o el 11%, según si estaban enrolados en el sistema de capitalización o en el de reparto, respectivamente. Pero, en ambos casos, tal retención se hacía tomando como base la suma tope que percibían quienes se jubilaban.
Ahora, la Anses puso como condición que los magistrados tucumanos salden la diferencia que surja de aplicar retroactivamente el 12% a lo que efectivamente percibieron como remuneración durante esa década.

Números actualizados
Gandur y Estofán llevarán a Buenos Aires una planillas actualizada con la nómina de los jueces y funcionarios que cumplen los requisitos establecidos para jubilarse. Además, adjuntarán la información sobre los aportes que efectúan actualmente según el cargo (comprendido dentro de la Ley 24.018) con el que estarían en condiciones de retirarse.
En relación con los jueces, son 75 (si se suman los cuatro que cumplirán los requisitos este año) y la diferencia de aportes globalmente totaliza $ 2.909.831.
Mientras tanto, los funcionarios suman 84 (22 de ellos estarán en condiciones de jubilarse este año) y el total de aportes adeudado a la Anses asciende a $ 603.741.
Los jueces de Paz son 26 (si se contabilizan los dos que reunirán todos los requisitos durante este año) y el monto, en este caso, es de $ 124.250.
En total, en las tres categorías, lo adeudado a la Anses por diferencias de aportes previsionales retroactivos a 1996 (según los montos extraídos de las declaraciones juradas practicadas ante la AFIP) es $ 3.637.822.
La Corte Suprema pretende que la Anses financie lo debido por cada magistrado, con distintos planes y según los importes de la deuda, de manera de contar con una alternativa a la línea de crédito de $ 3 millones habilitada por la Caja Popular de Ahorros. Esta exige, como contrapartida, que los jueces inicien los trámites jubilatorios hasta el 31 de marzo.